El PP vuelve a llevar al Congreso los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores

El Pleno del Congreso debatirá y votará la próxima semana la proposición no de ley del PP en la que pide al Gobierno una auditoría «integral» del sistema de control telemático para maltratadores.

En concreto, según se desprende de la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama una auditoría «técnica, operativa y judicial independiente» del sistema Cometa, encargado de las pulseras de control telemático para maltratadores, desde el cambio de proveedor, en 2023.

Las reclamaciones del PP tienen lugar después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en los dispositivos telemáticos para maltratadores.

Si bien, no es la primera vez que los 'populares' llevan una iniciativa sobre esta cuestión al Pleno de la Cámara Baja. De hecho, el Congreso reprobó el 24 de septiembre a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión en las pulseras telemáticas, tras una moción consecuencia interpelación urgente de los de Alberto Núñez Feijóo.

En esta proposición no de ley los 'populares' solicitan la evaluación del impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales comprometidas y víctimas potencialmente desprotegidas, con detalle por comunidades autónomas y provincias.

Asimismo, piden aportar a la comisión los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas. En cuanto a los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria del sistema Cometa desde 2023, el PP quiere que se informe sobre las características concretas de los mismos, con detalle de sus certificaciones técnicas, homologaciones para la actividad para la que se utilizan y controles de calidad que garanticen su fiabilidad.

También pide que el Ejecutivo informe sobre la compra concreta de esos dispositivos por parte de la empresa adjudicataria, con detalle de su coste y de sus proveedores, así como de las razones para que se pasase de un modelo de alquiler de terminales a su adquisición por parte del Ministerio de Igualdad.

Igualmente, solicita información sobre los dispositivos actuales en relación con su fiabilidad y respuesta y pide sustituirlos «si su solvencia técnica se revela como inadecuada para la seguridad de las víctimas».