Sanidad arremete contra Ayuso por pedir a empresas privadas la auditoría de hospitales públicos de gestión privada

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha cuestionado el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid por recurrir a compañías privadas para auditar tanto los hospitales públicos como los de gestión externalizada. Según ha señalado, esta práctica representa una «economía circular muy perjudicial» y «carece completamente de lógica» si lo que se pretende es proteger los servicios públicos.

Durante una entrevista en el programa La Hora de La 1, recogida por Europa Press, Padilla explicó que la Comunidad de Madrid reforzó hace unos años este modelo, adjudicando a una empresa privada el contrato para supervisar a los propios hospitales gestionados por compañías. A su juicio, esto supone un paso más en la privatización.

Asimismo, denunció que desde hace tiempo no se publican en la web autonómica los datos de control de centros como el Hospital de Torrejón, y que ocurre lo mismo con las actas del comité mixto que reúne a la empresa concesionaria y al Ejecutivo regional.

Padilla afirmó que «ya nadie cree» que este tipo de gestión sea más eficiente, pues está «en declive» por sus «elevados costes y cargas burocráticas». Además, acusó a la Comunidad de Madrid de haber debilitado durante años su estructura administrativa, quedándose sin capacidad interna para realizar las labores de control.

También señaló que muchos de estos contratos terminan en los tribunales, lo que dificulta conocer el coste real de la asistencia sanitaria año a año. Puso como ejemplo que en 2021 aún se estaban resolviendo en vía judicial pagos correspondientes a 2014 relacionados con la Fundación Jiménez Díaz.

Respecto al Hospital de Torrejón, Padilla recalcó que es la Comunidad de Madrid quien debería ejercer ese control, pero que «no es posible saber» si realmente lo está haciendo. Por ello, Sanidad convocará a la Alta Inspección para investigar lo ocurrido tras la filtración del audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que supuestamente insta a rechazar pacientes o procedimientos no rentables en el centro.

Recordó además que el Ministerio envió la semana pasada una carta al Gobierno regional sugiriendo rescindir el contrato si se confirman estos hechos, ya que no solo habría un incumplimiento contractual, sino que podría tratarse de un «ilícito» que requiriese otra vía.

Padilla calificó este asunto como un «escándalo de gran magnitud» que evidencia la subordinación de la atención al paciente y la gestión de las listas de espera a criterios económicos, algo que, subrayó, no ocurre en los hospitales de gestión pública. «Nunca veremos al director de La Paz o del 12 de Octubre plantear retrasos a determinados pacientes para incrementar los beneficios de una empresa», concluyó.