La ministra de sanidad, Mónica García
Presentan un recurso de alzada contra Sanidad por gastar más de 100.000 euros en una campaña proaborto
Desde Abogados Cristianos se alerta de que esta orientación convierte una campaña institucional en una herramienta de propaganda ideológica
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio de Sanidad para impugnar el anuncio de licitación y los pliegos del expediente relativo al «Servicio de creatividad, diseño y producción de una campaña de publicidad institucional sobre salud y mujer 2026». Según esta organización, el contenido de la convocatoria excede el propósito informativo de la publicidad institucional, al centrarse en promocionar el aborto mediante financiación pública.
La licitación, que fue publicada tanto en la Plataforma de Contratación del Sector Público como en el Boletín Oficial del Estado, cuenta con un presupuesto de 82.811,29 euros sin impuestos, lo que sitúa el coste total en 100.201,66 euros una vez aplicado el IVA. Tal y como recogen los pliegos, el objetivo principal de la campaña es fomentar la «visibilización» y la «normalización» del aborto, así como generar un discurso favorable que «desplace la negatividad asociada» a esta práctica. Para ello, se contempla la producción de cinco vídeos-testimonio, en los que se recogerán experiencias personales relacionadas con el aborto, cuya búsqueda y realización será responsabilidad de la empresa adjudicataria.
Desde Abogados Cristianos se alerta de que esta orientación convierte una campaña institucional en una herramienta de propaganda ideológica, vulnerando los principios de objetividad y neutralidad exigibles a la Administración. La entidad argumenta que una campaña de carácter público puede ofrecer información sobre servicios o recursos sanitarios, pero no debe emplearse para promover una narrativa que influya deliberadamente en el debate social sobre el aborto.
En el recurso presentado, la Fundación plantea además que podrían haberse cometido irregularidades en el procedimiento de adjudicación. Entre otras cuestiones, señala que la valoración de las ofertas se apoya de forma predominante en criterios de juicio de valor, lo que, a su juicio, introduce un componente subjetivo excesivo. Asimismo, se denuncia una posible falta de independencia en la composición del comité de expertos encargado de evaluar las propuestas, lo cual podría comprometer la transparencia y la legalidad del proceso de contratación.
En paralelo, la entidad solicita la suspensión cautelar del procedimiento de licitación, con el objetivo de evitar que se adjudique un contrato que, de seguir adelante, supondría un gasto público difícilmente reversible. Consideran que destinar más de 100.000 euros a una campaña que, en su opinión, es ideológica y polémica, supone una mala utilización de los recursos comunes.
La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha criticado con dureza el enfoque de la campaña. En sus palabras: «Mientras muchas mujeres necesitan ayuda real, el Gobierno prefiere gastar más de 100.000 euros en promocionar el aborto en lugar de destinarlos a apoyo a la maternidad, recursos de salud mental y alternativas para las embarazadas en dificultad. Es una irresponsabilidad y una forma de usar el dinero de todos para imponer un relato ideológico».
Este recurso se enmarca dentro de la actividad habitual de Abogados Cristianos, que en los últimos años ha recurrido diversas decisiones de la Administración relacionadas con la promoción de prácticas que considera contrarias a sus principios, especialmente en ámbitos como la bioética, la educación y la libertad religiosa. En esta ocasión, la entidad insiste en que no se opone a que la ciudadanía esté informada sobre sus derechos sanitarios, sino a que se utilice la publicidad institucional como vehículo para influir de forma partidista en cuestiones sensibles y profundamente divisivas como es el aborto.
Queda ahora en manos del Ministerio de Sanidad valorar la admisión y resolución del recurso, mientras continúa abierto el proceso de contratación. La decisión que adopte el departamento podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas, dada la naturaleza del debate que rodea al contenido de la campaña.
