La exministra de Igualdad, Irene Montero
Demandan al Ministerio de Igualdad de Irene Montero por discriminación e impago
El caso está actualmente en manos de la Audiencia Nacional dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa
La jurista especializada en derechos de las mujeres Adilia de las Mercedes ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Igualdad por presunta discriminación e impago de honorarios durante la etapa en que el departamento estuvo dirigido por Irene Montero.
El caso, adelantado por El País, está actualmente en manos de la Audiencia Nacional dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este ha sido admitido a trámite y se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Administración, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.
La demandante, una jurista hispano-guatemalteca, sostiene que fue contratada a finales de 2021 para elaborar el borrador técnico de la reforma de la legislación española sobre salud sexual y reproductiva. Según su versión, el encargo evolucionó desde un esquema preliminar hasta la redacción completa del anteproyecto de ley, sin que se formalizara la relación contractual ni se fijara una remuneración acorde al trabajo realizado.
De acuerdo con la demanda, el encargo se habría realizado en un contexto de urgencia política para presentar el texto legislativo en un plazo breve. La jurista afirma que aceptó inicialmente una compensación limitada bajo la promesa de que la situación se regularizaría con posterioridad, una vez aprobado el presupuesto anual.
Sin embargo, indica que dicha regularización nunca llegó a materializarse. Tras entregar el borrador completo en enero de 2022, la profesional asegura que no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento formal de su autoría, pese a reiteradas solicitudes a la Administración.
Además del impago, la demanda recoge acusaciones de discriminación por origen nacional y étnico-racial, así como por sus opiniones políticas. La jurista sostiene que fue apartada del proceso y que se intentó borrar su participación en la elaboración de la norma, impidiéndole incluso hacer pública su autoría.
La jurista, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que fue seleccionada por su experiencia internacional para, posteriormente, apropiarse de su trabajo: «El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento y presentarlo como propio».
También ha explicado que durante años el Ministerio intentó silenciarla «una y otra vez» para «borrar» su trabajo y «apropiarse de él». «Me han obligado a llegar a los tribunales porque nadie en esa institución se preocupó siquiera por abrir una investigación ante la discriminación ejercida en mi contra de manera reiterada y sistemática», ha subrayado.
En esta misma línea, ha lanzado críticas directas a la entonces ministra, Irene Montero, a quien acusa de atribuirse públicamente la autoría de la ley. Según sostiene, en los discursos oficiales se mencionó a diversas colaboradoras, pero nunca a ella, pese a haber dedicado «meses» al texto.
