Denuncian a una clínica de Nepal por explotar a menores mediante la extracción coercitiva de óvulos

Una nueva polémica a surgido alrededor de las clínicas de fertilidad. Esta vez ha ocurrido en Nepal, concretamente en Katmandú, donde dos adolescentes habrían sido sometidas a extracción coercitiva de óvulos. Este caso que ha despertado una grave preocupación por la posible violación de derechos humanos y la explotación de menores. Tras este caso, la Corte Suprema del país, ha anunciado que está estudiando el caso y evaluando los riesgos que suponen para la sociedad estos centros.

Según ha adelantado ADF International, en la petición presentada ante el Tribunal Supremo de Nepal, ambas jóvenes, de 17 años, fueron identificadas a través de anuncios en redes sociales y contactadas por agentes que las trasladaron a la Clínica Privada de Diagnóstico de Fertilidad Hope en Katmandú. Durante aproximadamente 10 días, las menores fueron sometidas a procedimientos invasivos de estimulación hormonal y extracción de óvulos. Estos procedimientos se realizaron sin el consentimiento de los padres y manipularon sus identidades y la edad.

La petición detalla que las adolescentes fueron aisladas, privadas de alimentos, dejadas inconscientes en ocasiones y expuestas a riesgos graves para su salud física y mental. En ningún momento se les proporcionó información adecuada a su edad sobre la naturaleza, el propósito, los riesgos o las posibles consecuencias de los procedimientos, en violación del Código de Ética del Consejo Médico de Nepal, que exige consentimiento informado y la autorización de los padres para intervenciones médicas en menores.

Tras la extracción, se transfirieron 10.000 NPR (aproximadamente 58,29 euros) a la cuenta de un tercero vinculado a una de las víctimas, mientras las jóvenes sufrían hemorragias excesivas, pérdida de apetito y angustia psicológica, lo que llevó a sus padres a denunciar los hechos ante la Oficina de Trata de Personas y la Oficina de Investigación Criminal.

El caso ha generado alarma por la forma en que las menores fueron explotadas en un contexto donde la donación de óvulos es comercializada y los futuros padres pagan por los óvulos. En muchos países en desarrollo, la vulnerabilidad económica de las personas jóvenes aumenta el riesgo de explotación en este tipo de procedimientos.

Anteriormente, la Fiscalía General de Nepal se negó a iniciar un proceso penal, alegando que no existía una prohibición legal explícita para la extracción de óvulos a menores. También argumentó que la clínica contaba con licencia para fertilización in vitro y que la Ley de la Infancia de Nepal no consideraba estos actos como violencia o abuso sexual. Además, sostuvo que no había pruebas de que las niñas hubieran sido llevadas contra su voluntad, a pesar de que los menores no pueden otorgar un consentimiento válido para procedimientos médicos de este tipo.

Con el respaldo de ADF International, los demandantes han solicitado al Tribunal Supremo que reconozca estos procedimientos como delitos contra menores, que constituyen trata de personas, violencia sexual y explotación reproductiva. Además, piden medidas urgentes para proteger a los menores y garantizar que se haga justicia. El Tribunal ha emitido una medida cautelar para suspender temporalmente todos los procesos de extracción de óvulos a menores hasta que se tomen nuevas decisiones.

Tehmina Arora, directora de Incidencia Política para Asia de ADF International, declaró: «Lo que les ha ocurrido a estas niñas revela el lado oscuro de la industria de la fertilidad, especialmente en países en desarrollo. La explotación de menores mediante procedimientos invasivos de extracción de óvulos es profundamente inquietante. Las niñas jamás podrían haber dado un consentimiento válido, y la aparente manipulación, coacción y abuso médico descritos exigen una investigación urgente».

Por su parte, Dhruba Bhandari, abogada de las demandantes y miembro de ADF International, señaló que el caso refleja una evolución de la trata de personas: «Niñas jóvenes vulnerables son explotadas mediante abusos reproductivos y tratadas como mercancía para obtener ganancias. La prohibición provisional es un paso importante, pero solo habrá justicia cuando todos los responsables rindan cuentas y se restablezca la dignidad de las víctimas».

El Tribunal Supremo de Nepal ahora tiene la oportunidad de establecer un precedente crucial, reconociendo estos actos como violaciones graves de derechos humanos y fortaleciendo un marco legal que prohíba los procedimientos reproductivos coercitivos. Este caso subraya la necesidad de proteger a los menores de la explotación médica y garantizar que la industria de la fertilidad opere dentro de los límites de la ética y la ley.