La ingeniería social que ha usado el Gobierno de Sánchez para intentar transformar a los españoles

La cultura de la muerte y la transformación social están muy presentes en el Gobierno de Sánchez. Desde el 2021, su intención de anular la dignidad del ser humano va en aumento. La eutanasia fue su casilla de salida; más tarde pasó por la ley trans. Ahora, cinco años después, ha cogido carrerilla y ha buscado la forma de incluir el aborto en la Constitución Española.

La vida nunca ha sido una prioridad para el Ejecutivo ni para sus socios. Lejos de impulsarla y ensalzar el derecho fundamental de todo ser humano, lo único en lo que están obcecados es en acabar con aquello en lo que no creen. Esta dinámica, que empezó con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente, ha acabado con la vida de 575.097 fetos.

Irene Montero, madre de tres hijos y exministra de Igualdad, impulsó esta norma, que entró en vigor el 2 de marzo de 2023, y que no contó con el apoyo del PP, Vox ni Ciudadanos. Desde ese preciso momento, la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, permite que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. No contenta con esto, prometió la creación de una lista de médicos objetores, para asegurarse de que ningún facultativo se salte la ley.

Tres años después, esto sigue sin producirse. El mayor número de abortos se produce en clínicas privadas. Los doctores, que estudiaron para salvar vidas, no están dispuestos a seguir los planes del Gobierno. Esto no le sentó bien a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, quien obligó a cada comunidad a crear una lista 'negra' de médicos objetores. Nadie podía escaparse.

Siguiendo el código ético y deontológico de estos profesionales, la Comunidad de Madrid se negó, pero no le salió bien la jugada, la médico presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo regional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y ganó a pesar de que este registro de médicos objetores «pone en peligro» varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española, concretamente el 16.

Ahora, Igualdad, dirigido por Ana Redondo, busca dar el paso definitivo, hacer como Francia y blindar el aborto en la Constitución. Esto permitiría a toda mujer abortar en la sanidad pública, quiera o no el médico.

La eutanasia, una ley sin control

Otra de las normas más controvertidas es la de la eutanasia. Aprobada cuando miles de españoles estaban muriendo por la covid, esta ley ha matado a más de 1.123 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por años, 75 personas murieron por eutanasia en 2021, 288 en 2022, 334 en 2023 y 426 en 2024.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en junio de 2021, se han registrado 2.432 solicitudes para recibir ayuda para morir, de las cuales, casi la mitad, terminaron en una muerte deliberadamente causada por el sistema sanitario. En 2024 se finalizaron 929 procesos, pero solo el 45,86 % concluyeron con la eutanasia.

Un dato especialmente alarmante, al que el ministerio de Mónica García parece no importarle, es que un 33,15 % de las personas fallecieron durante la tramitación, antes de que se resolviera su solicitud.

Esta ley ha dejado casos muy relevantes como el de Noelia Castillo, la joven de 25 años que murió tras pedir la eutanasia en Barcelona y que ha abierto un fuerte debate sobre la idoneidad de esta práctica.

La ley trans, el gran fraude

Hace tres años que la controvertida ley trans de Irene Montero salió a la luz. Como ya avisaron a Irene Montero diversos políticos, se ha demostrado que ha servido para desproteger a las mujeres y para dejarlas en minoría en ámbitos como el deporte o las oposiciones.

A pesar de la negativa de diferentes partidos políticos, la ministra de Igualdad pudo festejar el pasado 2 de marzo la entrada en vigor de la norma que permite la autodeterminación de género a los mayores de 12 años, que garantiza el abastecimiento de tratamientos hormonales y veta las terapias de conversión.

Además, esta ley permite que las mujeres trans tengan más beneficios que una persona que no se ha cambiado el género. Por ello, desde que entró en vigor la ley son muchos los hombres que acuden al registro a cambiarse de sexo. En este sentido, el proyecto de Montero ha eliminado todas las diferencias legales que existen en España entre ambos sexos.