Paciente enfermo en el hospital
El Defensor del Paciente exige al Gobierno «reconocimiento y valoración real» para víctimas de negligencias sanitarias
Una tetraplejia por accidente de tráfico se puede indemnizar con un millón de euros, mientras que en caso de negligencia médica puede ser de 12.000 euros
La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha exigido al Gobierno «reconocimiento y valoración real del daño» para las víctimas de negligencias sanitarias, que ha aseverado que son «víctimas de segunda» y se les ofrecen «indemnizaciones de risa y procesos eternos».
Así lo ha trasladado en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Sanidad, Mónica García; y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Flores ha reclamado que se deje de usar la doctrina jurídica de la «pérdida de oportunidad» para indemnizar a pacientes que ven reducidas sus posibilidades de curación, supervivencia o mejor pronóstico como consecuencia de demoras excesivas en listas de espera para la atención sanitaria. «Una persona que empeora o muere en lista de espera no ha perdido una oportunidad. Ha perdido salud o vida por el abandono. Valórenlo como tal», ha señalado.
En esta línea, ha pedido que se establezca un baremo «único, actualizado y digno» para las negligencias sanitarias. Según ha detallado, una tetraplejia por accidente de tráfico se puede indemnizar con un millón de euros, mientras que en caso de negligencia médica puede ser de 12.000 euros. «Aunque la vida no tiene precio», ha señalado que «la comparación es odiosa».
Además, ha criticado que, en la actualidad, es la víctima, enferma o fallecida, quien tiene que demostrar el error médico, algo que ha considerado «imposible», ya que es el hospital o la Administración quienes tienen «el historial, los medios y el conocimiento». «Que sean ellos quienes demuestren que actuaron bien. Como en consumo o en accidentes laborales», ha apuntado.
Flores también ha señalado que hay familias que esperan entre 10 y 12 años para una sentencia firme por un caso de negligencia, por lo que ha demandado que se establezca un plazo de resolución máximo de dos años, además de sanciones económicas «duras» para las administraciones que inclumplan los tiempos de resolución, de espera quirúrgica o diagnóstica.
«No pedimos venganza. Pedimos justicia. Pedimos que el daño se repare de verdad y que el sistema no vuelva a enterrar a las víctimas con excusas y calderilla», ha subrayado.