El Gobierno prioriza la atención a los inmigrantes irregulares mientras la sanidad española se resquebraja

Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La política y gestión de Mónica García. Mientras los españoles tienen que irse a la privada, los médicos están saturados y la mala opinión del sistema sanitario ha aumentado más de un 60 % desde que gobierna Sánchez, la titular de la cartera de Sanidad ha decidido priorizar la atención a los inmigrantes irregulares. De manera que, en vez de restaurar un servicio hecho añicos, lo que hace es meterle más presión con personas que no pagan impuestos.

El pasado mes de marzo, entró en vigor el Real Decreto 180/2026, una norma que ordenó desarrollar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) para inmigrantes en situación irregular sin residencia legal en España.

Este reglamento, publicado ya en el BOE y propuesto por los ministerios de Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende corregir los problemas del Real Decreto-ley 7/2018, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de recuperar el acceso universal. Esto simplifica los trámites necesarios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, que se realizará mediante una declaración responsable.

Con este documento, la persona que llega a España, y que no cuenta con ningún tipo de cobertura sanitaria, podrá hacer uso de toda la asistencia pública de forma inmediata en todas las comunidades autónomas. Para ello, les bastará con residir en España, ir al hospital o centro de salud que les interese y pedir la solicitud.

Una vez dé luz verde, se garantiza el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública para colectivos que requieren una especial protección, con independencia de su situación administrativa y sin necesidad de acreditar los requisitos mencionados.

Los grupos beneficiados son los menores de edad; las mujeres embarazadas, que tendrán derecho a atención durante el embarazo, parto y posparto, así como acceso a abortos y víctimas de violencia de género, violencias sexuales y de trata de seres humanos.

Todo esto se ha aprobado mientras los españoles luchan por tener una sanidad de calidad. Desde 2017, año en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la sensación de hartazgo por parte de la ciudadanía en lo referido al sistema sanitario es mayor.

El sistema necesita cambios profundos

Aunque el Ministerio de Sanidad quiera dar una imagen de que los españoles confían y están conformes con la sanidad pública de España, la realidad es algo diferente. Así lo muestra el Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En él, más de la mitad de los españoles consideran que el sistema necesita cambios profundos porque «funciona mal». Es la primera vez en la historia que el bloque crítico (48,4 %) iguala al positivo (51,6 %).

La dejadez del Gobierno central por la sanidad pública es notable. Las políticas de la García están pasando factura a la visión que tienen los ciudadanos del sistema de salud. Y es que en estos últimos años solo se ha preocupado por desacreditar a Isabel Díaz Ayuso, a criticar a la privada, ignorar las peticiones de los médicos y en dar beneficios a las personas que no pagan impuestos.

Y es que esto es grave. El 20,2 % de los españoles consideran que el sistema sanitario de nuestro territorio está mal y se necesitaría rehacer. Una situación muy contraria es la que se vivió en 2017 con Mariano Rajoy, cuando solo el 5,4 % se planteaba esta posible modificación.