El Tribunal de Cuentas señala a Sanidad por eludir la ley para contratar a 100 personas y no justificarlo

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de la Administración Pública, ha señalado al Ministerio de Sanidad por haber contratado a 100 personas en la citada cartera sin justificación y en contra de lo estipulado en la ley. Así se desprende del Informe de Fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gastos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según esta entidad, el Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, establece como medio preferente para la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la reorganización de los propios efectivos del departamento ministerial u organismo encargado de su gestión, con el fin de aprovechar el talento de las personas a su servicio.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad hizo caso omiso al reglamento y creó nuevos puestos de trabajo alcanzando cifras significativas que ascienden a los 100 y 60 funcionarios interinos, sin que en la mayoría de los expedientes examinados conste una motivación suficiente que justifique el recurso a estas fórmulas excepcionales ni la delimitación precisa de las funciones asignadas a los nuevos efectivos.

El Tribunal de Cuentas subraya además que estas medidas alternativas debían «estar previstas en los instrumentos de planificación estratégica y contar con una justificación expresa», al tratarse de mecanismos no preferentes dentro del marco normativo diseñado para la ejecución del PRTR. No obstante, en numerosos casos esta exigencia no se ha cumplido o se ha formulado en términos genéricos. Es el caso del Ministerio de Sanidad, cartera que en ningún momento ha justificado la contratación de estas 100 personas.

El informe añade que otras entidades también han recurrido a contrataciones relevantes, como el Servicio Público de Empleo Estatal, con cifras similares de personal interino, o el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha incorporado decenas de trabajadores laborales en este contexto.

Asimismo, el órgano fiscalizador detecta un cumplimiento parcial de las obligaciones de planificación y control previstas en la normativa, como la elaboración de programas de contratación o la aprobación de instrucciones internas de gestión, que solo han sido adoptadas por una parte de los organismos analizados.