Imagen de archivo de una manifestación convocada por el sindicato de médicos madrileños Amyts
El Colegio de Médicos de Madrid anuncia acciones legales contra la orden que modifica el uso de su sede
Denuncian que el Ministerio de Ciencia les priva del aprovechamiento de varias dependencias que han usado durante años. Desde el Gobierno alegan que el edificio es de titularidad estatal
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) ha anunciado que estudiará acciones legales contra la orden del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que altera el régimen de utilización de su sede histórica, situada en el número 51 de la calle Santa Isabel de Madrid.
La institución colegial ha explicado en un comunicado que la orden fue firmada el pasado 27 de julio por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La resolución deja sin efecto el régimen de uso fijado mediante el convenio del 23 de febrero de 1970 y lo reemplaza por una concesión demanial gratuita de 25 años, limitada a una parte del inmueble. El edificio pertenece al Estado y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Nuevo reparto de zonas
Según ha detallado el Icomem, el nuevo reparto modifica el aprovechamiento de varias dependencias de la sede histórica. Diferentes zonas de la planta baja y del sótano quedarán reservadas para el uso exclusivo del Museo Nacional Cajal. Entre esos espacios figuran el vestíbulo de Santa Isabel, las aulas Cajal y Gregorio Marañón, las galerías, el Pequeño Anfiteatro, la Sala de Prensa y diversos archivos y almacenes.
Por otra parte, el Gran Anfiteatro, el Patio Cajal y el acceso principal pasarán a tener un uso compartido. Su utilización estará condicionada a la conformidad previa del Museo Nacional Cajal. El Colegio mantendrá, de acuerdo con lo recogido en la orden, el uso del Aula Jiménez Díaz, el Espacio del Niño Perdido, las plantas segunda y tercera, el altillo y la explotación de la cafetería.
Esta nueva controversia se suma a las diferencias con Sanidad por el Estatuto Marco
La corporación ha recordado además que, durante más de medio siglo, se ha ocupado de gestionar, conservar y mantener la zona histórico-artística del edificio. Estas instalaciones se han destinado a actividades colegiales, formativas y de interés público. En este contexto, el Icomem ha asegurado que en los últimos seis años ha invertido cerca de «11 millones de euros en infraestructuras y equipamientos para modernizar la sede».
A juicio del Colegio, el alcance de la resolución no se limita a una reducción de las dependencias disponibles. La institución sostiene que el nuevo régimen «no solo reduce los espacios disponibles sino que incorpora restricciones a la utilización de dependencias, la necesidad de autorización previa para determinadas obras y actividades, la asunción de gastos sobre los espacios concedidos y la posibilidad de extinguir la concesión por razones de interés público, sin indemnización».
No son contrarios al museo
El Icomem ha manifestado su respaldo a la creación y al desarrollo del Museo Nacional Ramón y Cajal, así como a la conservación de su legado. No obstante, rechaza que esa finalidad se materialice mediante una decisión que, según su valoración, menoscaba «la autonomía y la capacidad de funcionamiento de la corporación».
En paralelo, el Colegio ha llamado la atención sobre la coincidencia temporal entre la aprobación de la orden y su oposición pública al Estatuto Marco. Esta circunstancia, según ha señalado, «genera una legítima preocupación». Por este motivo, ha solicitado al Ministerio «una explicación sobre el procedimiento seguido, la necesidad y proporcionalidad de la medida» y sobre las razones por las que, conforme a su versión, «no se alcanzó previamente un acuerdo entre ambas instituciones».
Ante esta situación, la Junta Directiva del Icomem ha decidido encargar con carácter urgente un análisis jurídico de la orden. También pedirá una reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y convocará una Asamblea General extraordinaria a comienzos de septiembre.
«No es un desalojo»
Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han rechazado, por su parte, la interpretación expuesta por el Icomem. Desde el departamento dirigido por Diana Morant han subrayado que la orden «no acuerda el desalojo» del Colegio Oficial de Médicos de Madrid «ni pone fin a su presencia en el edificio de la calle Santa Isabel».
Las mismas fuentes han explicado que la resolución actualiza «la autorización de uso concedida hace más de cincuenta años, delimita los espacios que corresponderán al Colegio y al futuro Museo Nacional Cajal y concede al Icomem una concesión demanial gratuita por un plazo de 25 años para que continúe desarrollando su actividad institucional, colegial, docente y de formación continuada».
En este sentido, el departamento ministerial ha insistido en que la orden «no priva» al Colegio de su sede. Según su explicación, la resolución le concede gratuitamente durante 25 años el uso de «una parte sustancial» del inmueble. De este modo, el Icomem podrá continuar desarrollando su actividad en el edificio de la calle Santa Isabel. El Ministerio ha recordado asimismo que el inmueble es de titularidad estatal. La finalidad de la resolución, según ha defendido, consiste en «compatibilizar la actividad del Colegio con la implantación del Museo Nacional Cajal».
