La trampa en la Ley de Montes que nadie cambia y de la que se pueden aprovechar para urbanizar zonas quemadas

El pasado lunes 11 de agosto, un incendio en la Sierra de la Plata, cerca de Tarifa arrasó con más de 300 hectáreas, alcanzando zonas cercanas a la urbanización de Atlanterra, donde el fuego forzó la evacuación de más de 2.000 personas. Se trata del segundo incendio que aconteció en Tarifa en menos de una semana, que dañó 283 hectáreas y provocó otro desalojo masivo.

El incendio de una zona no urbanizable en un territorio tan codiciado y cada vez más turístico como la costa de Cádiz ha abierto la hipótesis de que detrás de la intencionalidad del incendio, prácticamente confirmada por el consejero Antonio Sanz, pueda haber un interés económico para poder construir más urbanizaciones, hoteles o casas en ese territorio.

Según reza la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, promulgada por el Gobierno 'popular' de José María Aznar, queda prohibido «el cambio de uso forestal al menos durante 30 años» en terrenos incendiados. Asimismo, la norma también veta «toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica».

Sin embargo, esta ley contempla una excepción. Tal y como consta en el texto, «con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en un instrumento de planeamiento previamente aprobado, un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública, o una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono».

Además de estos factores, la ley contempla como excepción que las comunidades autónomas puedan «acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada».

Esta última medida abre la puerta a que terrenos quemados puedan convertirse en urbanizables antes del periodo previsto de treinta años. La Ley de Montes del 2006 de José Luis Rodríguez Zapatero elimina esta última excepción, pero mantiene la primera, por lo que evitó eliminar por completo la posibilidad de prohibir radicalmente el cambio de uso forestal antes de los 30 años.

Del mismo modo, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, promulgada bajo el mandato de Mariano Rajoy, recoge la excepción que Zapatero eliminó. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de posicionarse en contra de la especulación inmobiliaria y a favor de las políticas climáticas, todavía no ha realizado ningún cambio a este respecto.

Modificación excepcional

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía (Coima) ve «bastante improbable» la urbanización de suelos afectados por un incendio debido a que la Ley de Montes Estatal publicada en 2003 surgió precisamente para «poder garantizar» que los fuegos «no fuesen una excusa de cara a la transformación de los terrenos forestales a uso urbano, agrícola o minero».

En este sentido, la portavoz de Coima, Ana Warleta, a colación del incendio desatado el pasado lunes en el entorno de la urbanización de Atlanterra (Tarifa), zona que ha registrado un gran crecimiento turístico estos últimos años, ha recordado que desde la implantación de la Ley de Montes «no se ha dado ningún caso en Andalucía» de recalificar una superficie tras un fuego.