Las regiones del PP no irán a reunión del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no participar en la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, convocada por el Gobierno central para los días 13 y 14 de octubre en Ponferrada. La razón de su ausencia, según han expresado, radica en que consideran que el enfoque propuesto es «insuficiente, unilateral y no se ajusta a la realidad competencial y territorial» del Estado.

Así lo ha confirmado Roberto Media, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, quien ha detallado que los territorios bajo administración del PP, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han remitido una carta al Ministerio para la Transición Ecológica solicitando la paralización del pacto hasta que se alcance «un marco de cogobernanza real». A su juicio, resulta imprescindible iniciar un proceso negociador para consensuar un acuerdo que contemple la adaptación a las emergencias y garantice una financiación estable basada en criterios objetivos.

Según el comunicado difundido por Media, las once comunidades y las dos ciudades autónomas instan al Gobierno central a adoptar una «batería de medidas» que refuercen la lucha contra los incendios forestales y mejoren los recursos de protección civil. Entre sus demandas figura una apuesta decidida por el sector primario como medio para preservar y cuidar el entorno natural, así como la implantación de reformas legislativas que permitan afrontar con mayor eficacia las catástrofes naturales.

En este sentido, el titular cántabro ha exigido al Ejecutivo que asuma la «responsabilidad legislativa» en materia de coordinación y recursos, competencia que, según ha recordado, «ya está recogida por ley». También ha reclamado que el Consejo Nacional de Protección Civil se convoque con una periodicidad bienal para garantizar una planificación más eficiente.

Una de las principales peticiones formuladas por Media ha sido la creación de un programa plurianual de inversión en medios nacionales destinados a la extinción de incendios. A su juicio, es necesario contar con «un mapa vivo» que recoja todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, a nivel estatal. Asimismo, ha planteado la puesta en marcha de un centro nacional de coordinación operativo los 365 días del año, con protocolos unificados, simulacros conjuntos y una bolsa de efectivos estatales para atender los momentos de mayor riesgo.

El consejero ha añadido que es fundamental acometer una reforma de la Ley de Montes que facilite el aprovechamiento maderero y la ganadería extensiva como medidas preventivas, al tiempo que ha solicitado incentivos que permitan hacer viables las economías rurales y favorezcan la fijación de población en zonas forestales.

En paralelo, ha exigido que el Gobierno dé explicaciones por la «falta de ejecución» de infraestructuras hidráulicas y por la inexistencia de un Plan Nacional del Agua orientado, entre otros fines, a la prevención de inundaciones y al aprovechamiento de un recurso estratégico como es el agua.

Por último, Roberto Media ha hecho hincapié en la necesidad de «modernizar» el Sistema Nacional de Protección Civil. En su propuesta se incluye la elaboración de un catálogo de medios movilizables entre comunidades autónomas, la creación de una red de alerta temprana de ámbito nacional y el desarrollo de una plataforma de datos que integre observaciones meteorológicas e hidrológicas para facilitar la predicción y la gestión de emergencias.

Esta posición común de las regiones gobernadas por el PP supone un nuevo desencuentro con el Ejecutivo central en materia de gobernanza territorial, y marca distancia respecto a la hoja de ruta del Gobierno en el ámbito de las políticas climáticas. Queda por ver si el Ministerio acepta abrir un proceso de negociación que permita reconducir el diálogo institucional.