El Parlamento de Canarias aprueba la primera ley de volcanes de España

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la primera ley de volcanes de España, una normativa pionera en todo el país que ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios. La norma surge de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 18.000 firmas ciudadanas y tiene como finalidad reforzar la respuesta institucional ante emergencias volcánicas como la vivida en La Palma en 2021.

Entre los objetivos principales de la nueva legislación se encuentra la agilización en la atención a los damnificados, el reconocimiento del derecho a reconstruir viviendas en la misma zona afectada por una erupción o en áreas próximas, así como la garantía de compensaciones económicas equivalentes al valor real de los bienes perdidos. Además, se establece el carácter retroactivo de algunas de estas medidas, con el fin de blindar derechos sociales y económicos para quienes hayan resultado perjudicados.

El diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), subrayó que esta ley «emana del pueblo» y que representa una herramienta fundamental para afrontar futuras erupciones en las islas, ya que, en sus palabras, estas se producirán «sí o sí». Acosta reconoció la complejidad de la norma, pero consideró que el trabajo parlamentario ha estado «a la altura» de las demandas ciudadanas. «Vamos a tener una hoja de ruta», concluyó.

Por su parte, Jesús Ramos (ASG) elogió el impulso popular detrás de la propuesta legislativa, destacando su vocación de «futuro y seguridad jurídica» frente a la dispersión normativa previa, dominada por decretos-leyes. «Es una norma que nos va a hacer más resilientes», afirmó.

Desde Vox, Javier Nieto reconoció la «valentía» de los afectados y consideró que la ley responde a los fallos de las administraciones públicas, criticando los viajes institucionales a La Palma que no han resuelto las necesidades de los damnificados. Si bien valoró la aprobación de la norma, advirtió que «no es la panacea» y ejemplificó con la gestión de los seguros, que escapa a las competencias parlamentarias. «Las heridas siguen sin cicatrizar», lamentó.

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, destacó también el papel protagonista de los afectados, que lideraron la iniciativa ciudadana, y defendió las medidas adoptadas en la legislatura anterior, aunque reconoció que fueron insuficientes y lentas. «Ahora es verdad, insuficiente, sí. Quizás más lento de lo adecuado, también, y por eso la necesidad de esta norma para aprender de todos los errores», señaló. Campos alertó además del riesgo constante de nuevas erupciones, que calificó como una «espada de Damocles» sobre el archipiélago, y abogó por una mirada de futuro más que por una ley que actúe solo como respuesta al caso del volcán Tajogaite.

Desde el Partido Popular, Raquel Díaz valoró que se trata de una norma «para todos los canarios» y celebró que esté libre de ideologías y partidismos. Recordó que se cumplen cuatro años de la erupción del Tajogaite, que calificó como una emergencia «sin manual» que fue afrontada con eficacia y sin víctimas mortales, y definió la gestión de aquellos días como un «ejemplo de solidaridad institucional y humana». Para Díaz, esta ley es ahora el siguiente paso: «Es una ley que no es de nadie y es de todos», afirmó.

Jonathan de Felipe (CC) recordó la oleada de solidaridad que recibió La Palma en 2021 y agradeció la «empatía» de los promotores de la ILP, a quienes reconoció el mérito de haber «regalado» una norma para todos los canarios. Además, apeló a la responsabilidad de todos los grupos políticos frente al ruido de la política nacional e internacional, y llamó a redoblar esfuerzos en la reconstrucción.

La diputada socialista Alicia Vanoostende matizó que esta norma podría generar «quizás demasiadas expectativas», pero destacó que proporciona un marco de protección ante futuras emergencias. No obstante, no quiso obviar la situación que todavía viven muchos palmeros, especialmente agricultores y ganaderos, que a su juicio han recibido un trato «indigno». Criticó también al Gobierno autonómico y al Cabildo de La Palma por no adelantar fondos para la reconstrucción y cuestionó el modo en que se han gestionado las ayudas. «¿Por qué no publican los listados?», inquirió. En su intervención final, acusó a las instituciones canarias de no estar «a la altura» y lanzó un mensaje claro: «No sigan usando el dolor de un pueblo para hacer política».