Ríos teñidos de negro y cortes de agua: el impacto oculto de los incendios forestales en España

El pasado verano fue uno de los más virulentos en lo que a incendios forestales se refiere: solo en el mes de agosto se quemaron 336.345 hectáreas, la mayor parte en las comunidades de Castilla y León, Galicia y Extremadura. Este hecho ha supuesto una hecatombe natural en las zonas afectadas, muchas de ellas de importante riqueza patrimonial, como son las Médulas, situadas en El Bierzo (León), y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Además del daño a los terrenos y a la fauna que allí habita, meses después, los efectos del fuego siguen sintiéndose. Tan solo hace falta acercarse a poblaciones afectadas en las provincias de Zamora, León u Orense para observar cómo los ríos de esas zonas bajan, en muchos casos, teñidos de negro debido al arrastre de las cenizas por el agua de lluvia, el viento y otros agentes ambientales.

«El Sil baja chocolate puro», comenta a Europa Press Aurentino Alonso (PSOE), alcalde de El Barco de Valdeorras (Orense), acerca de la existencia de problemas de arrastre en el municipio. Una situación similar ha sido descrita por el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Barreiro (PSOE), quien explicó que las lluvias de las últimas semanas han provocado cortes de suministro en varias zonas del municipio, dejando a los vecinos sin agua «durante dos, tres e incluso cuatro horas». Esto dificulta, señaló, «mantener el agua en condiciones adecuadas para su uso doméstico», ya que cuando vuelve a los hogares «solo sirve para el baño».

Lo cierto es que esta contaminación de las aguas supone un riesgo para la población no solo para beber, sino también para cocinar o regar huertos. Su efecto, además, no es solamente inmediato, sino que los restos de combustión pueden seguir alterando los ciclos del agua durante años, tal y como destacan desde Sinc.

Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea se han visto afectadas por incendios en las últimas dos décadas, con un coste ambiental y económico superior a los 43 millones de euros. Según sus estudios, las políticas públicas siguen centradas en los suelos y las aguas superficiales, dejando fuera la protección específica de los recursos hídricos subterráneos. Por ello, son esenciales las investigaciones multidisciplinares, las redes de control piezométrico y una integración real del riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, especialmente frente al cambio climático.

«Estas masas de agua actúan como un vehículo que transporta materiales tóxicos. Al llegar a las depuradoras, los filtros se obstruyen. Además, los desinfectantes, como el cloro, pueden reaccionar con esos compuestos generando nuevas sustancias perjudiciales», explica a Sinc Marcos Francos, investigador de la Universidad de Salamanca y autor de un estudio sobre cómo estos incendios afectan la capacidad de los ecosistemas para depurar el agua y regular inundaciones.

Además de las cenizas, los propios productos químicos utilizados para apagar el fuego también contaminan liberando toxinas al agua, contribuyendo a su turbidez y afectando también a la flora y la fauna.

Piden implicación al Gobierno

Desde la Xunta de Galicia, una de las administraciones implicadas en la reparación de los terrenos afectados, solicitan al Gobierno central, a través de las confederaciones hidrográficas, implicación y cooperación para abordar esta cuestión tras la afectación en distintos ayuntamientos. «La única manera de que funcione es la cooperación», ha recalcado el director de Aguas de Galicia, Roi Fernández Añón, para asegurar que la Xunta está trabajando para «cubrir el hueco que no cubren el resto».

Desde Greenpeace España insisten en que las políticas posincendio y los planes de restauración deberían integrar de forma prioritaria la protección del agua, tanto superficial como subterránea, activando además planes de emergencia hidrológica en las zonas afectadas para prevenir la contaminación por cenizas y sedimentos. Al mismo tiempo, es necesario reforzar las redes de control de calidad del agua y la piezometría en las cuencas más vulnerables, así como establecer protocolos de coordinación entre confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y ayuntamientos que eviten el actual caos competencial.