Imagen aérea de las viviendas de la playa de la Babilonia
Un informe de la ONU señala a la Ley de Costas del Gobierno y le acusa de «confiscar» propiedades
El informe señala literalmente que el procedimiento español «plantea dudas sobre la adecuación del modelo español a estándares europeos más amplios de protección de la propiedad»
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) ha presentado en su sede de Ginebra el informe técnico comparativo, aprobado formalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los regímenes jurídicos que regulan las zonas costeras y los terrenos adyacentes a masas de agua.
La investigación, elaborada con la intervención y aportaciones de 28 países, concluye de forma categórica que España constituye una excepción negativa sin parangón en el mundo democrático: es el único país analizado que extingue de plano derechos de propiedad consolidada sin compensación económica alguna, reclasificando terrenos privados en dominio público marítimo-terrestre mediante deslindes administrativos retroactivos.
En contraste con los sistemas de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Francia o Portugal, donde rige la compensación íntegra a valor justo de mercado y la asunción de gastos por traslado, España destaca como la única excepción donde la demanialización suprime la titularidad privada sin derecho a indemnización.
El informe señala literalmente que el procedimiento español «plantea dudas sobre la adecuación del modelo español a estándares europeos más amplios de protección de la propiedad», sustituyendo títulos legítimos por concesiones administrativas temporales, precarias y severamente restringidas.
La UNECE detalla que, desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, el dominio público aumentó de 13.560 a 155.000 hectáreas, habiendo transferido al Estado unas 141.440 hectáreas de propiedad privada sin coste alguno para las arcas públicas.
El documento certifica el derribo de entre 2.000 y 3.000 construcciones tradicionales pertenecientes a familias modestas, y la emisión de órdenes gubernamentales de desalojo forzoso en ocho días, incluso contra propietarios con títulos inscritos en el Registro de la Propiedad desde hace más de un siglo.
Es por esto que la asociación SomosMediterránea exige al Gobierno de España y a las Cortes Generales la paralización inmediata de todos los deslindes en tramitación y la suspensión urgente de todas las órdenes de derribo, así como la reforma inaplazable de la Ley de Costas para adecuarla a los estándares europeos de seguridad jurídica, indemnización justa y protección efectiva del litoral.