Marruecos licita más de 1.000 hectáreas de invernaderos en el primer asentamiento español en el Sáhara

La expansión agrícola es una de las principales –y más potentes– armas utilizadas por Marruecos en su misión para obtener la soberanía del Sáhara Occidental.

El vecino del sur, que expolia desde hace décadas los terrenos saharauis, ha convertido la utilización agraria de esos suelos en una palanca clave para tratar de hacer suya la vieja colonia española.

La explotación de los recursos naturales del Sáhara ha permitido a Marruecos incluir las producciones en su acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) y cumplir con las exigencias del TJUE, ya que de esta manera el Consejo de la UE entiende que en el caso de un territorio no autónomo como el Sáhara Occidental basta con obtener su consentimiento «de manera implícita», porque los habitantes del enclave obtienen «un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales del territorio, proporcional al grado de dicha explotación».

La estrategia de Marruecos sobre el Sáhara encuentra en Dajla, la antigua Villa Cisneros, su principal exponente. Allí, donde se levantó el primer asentamiento permanente español en el Sáhara Occidental y uno de los primeros lugares del desierto con población estable, se dibuja el Plan Generation Green (2020-2030), una ambición de Mohamed VI para alcanzar una superficie de 5.000 hectáreas de invernaderos alimentados por una desaladora y un parque eólico cuyo coste ascenderá a unos 170 millones de euros.

Cabe destacar que uno de los puntos aceptados por el Consejo de la UE en el acuerdo con Marruecos en referencia al Sáhara señala que la Unión «proporcionará en primer lugar financiación a la región centrándose en sectores clave, como el agua, incluido el riego, la energía, la lucha contra la desertificación y la desalinización del agua, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible», indica la propuesta de la Comisión a la que ha tenido acceso El Debate.

Las primeras 1.090 hectáreas del macroproyecto ya están listas para su licitación. Así lo advierte la Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) del reino magrebí, que ha abierto una convocatoria con 35 parcelas en la región «en el marco del proyecto de irrigación de Dajla».

Los lotes se dividen en diferentes tipologías en función de su tamaño: tres fincas más grandes que suman 565,137 hectáreas, tres medianas para añadir 169,4330 hectáreas, 28 que alcanzan 345,8550 hectáreas y una de 9,7672 hectáreas. Para obtener la concesión es necesario un acuerdo con el Estado marroquí, que según indica Les Inspirations Éco, uno de los principales medios del país africano, admitirá tratos que van desde los 25 hasta los 40 años desde la firma del trato.

El pliego de condiciones publicado por la ADA incluye el precio del alquiler anual para cada una de las fincas, que van –con el cambio actual entre dírham y euro– desde unos 640 euros al año para el terreno de 9,7672 hectáreas, hasta los 4.250 euros anuales por la joya de la corona, con 64,8040 hectáreas.

El medio citado apunta que el valor de los arrendamientos subirá un 10 % cada cinco años a partir de la fecha de puesta en marcha del sistema de riego. Además, el empresario que se haga cargo de los invernaderos corre el riesgo de perder la concesión si cede sus derechos de explotación parcial o totalmente a un tercero sin el visto bueno estatal, o si su explotación no cumple con el porcentaje mínimo para horticultura comercial –del 75 % o del 70 % en función del tamaño–. El coste por el agua se pagará a parte y únicamente podrá ser destinada al riego de los cultivos.

La ADA determina que la fecha límite para la presentación de ofertas para estos terrenos es el 31 de agosto de 2026, apenas 15 días antes de que se cumpla 1 año de la firma entre el Consejo de la UE y Marruecos que permitió la modificación de su alianza comercial para así esquivar la sentencia del TJUE que calificaba como ilegal los términos del trato. Desde entonces, el acuerdo se aplicó provisionalmente sin pasar por el Parlamento Europeo hasta su ratificación final. Ésta sigue pendiente y según ha podido saber El Debate por fuentes presentes en Bruselas, se dilata por la falta de convencimiento en la Comisión de que vaya a encontrar el respaldo de la Eurocámara.