CSIF pide duplicar la financiación en I+D+i y acabar con la precariedad pese al triunfalismo de Morant

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno un incremento sustancial de los recursos destinados a Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), hasta el punto de duplicar la financiación actual, con el objetivo de evitar un eventual estancamiento de estas áreas estratégicas. Esta petición se produce en un contexto especialmente delicado, marcado por la inminente finalización de los fondos europeos Next Generation, que desde 2023 han representado más de la mitad del total invertido en este ámbito.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión pública en I+D+i se situó en 2024 en el 0,64 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Se trata de una cifra que el sindicato considera claramente insuficiente y que, tal como subraya, se encuentra «muy lejos» del objetivo del 1,25 % fijado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con horizonte en 2030. Esta brecha, advierten, pone de relieve la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen una financiación estable y sostenida en el tiempo.

El mensaje de CSIF choca directamente con la estrategia compartida por el Ejecutivo español y, más concretamente, por la ministra Diana Morant. Tal como revelan los datos del propio ministerio, el gasto en I+D en España alcanzó un máximo histórico de 23.931 millones de euros en 2024. De igual manera, el Gobierno aprobó una inversión de 18.400 millones de euros para los próximos cuatro años (hasta 2027-2028) destinada a convocatorias públicas de ciencia, financiando tanto al sector público como al privado.

Sin embargo, la realidad es que desde los distintos centros e instituciones no han evidenciado un cambio tan importante como está intentando evidenciar la ministra.

En este escenario, desde el ámbito científico también se han alzado voces de preocupación. El CSIC alerta de que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), unida al fin de los citados fondos europeos, puede derivar en «el riesgo de que se paralice la I+D+i en España y seguir en la cola de la UE». Esta advertencia incide en el temor a que el país pierda competitividad en un sector clave para el desarrollo económico y tecnológico.

Por su parte, el informe elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), titulado Análisis de la financiación pública de la I+D+I, reconoce que en los últimos años se ha producido un incremento notable de los presupuestos destinados a estas políticas. En concreto, señala que España ha aumentado «considerablemente» su inversión en este ámbito. Sin embargo, este crecimiento presenta matices relevantes que, según CSIF, deben ser tenidos en cuenta para valorar la situación real.

De hecho, el sindicato insiste en que, si se descuenta el impacto de los fondos europeos, la evolución del gasto en I+D+i entre 2020 y 2024 resulta mucho más limitada. En sus propias palabras, la intensidad del gasto apenas «crece cuatro décimas y se sitúa en niveles de 2003-2004 si se elimina el impacto de los fondos europeos». Esta circunstancia evidencia, a su juicio, una dependencia excesiva de la financiación extraordinaria procedente de la Unión Europea.

Ante esta coyuntura, CSIF defiende la necesidad de impulsar «una financiación estructural, sostenida y suficiente que apuntale la competitividad por parte del Gobierno y las comunidades autónomas». Se trataría, según plantea, de consolidar un modelo que no dependa de aportaciones puntuales, sino que garantice la continuidad de los proyectos científicos y tecnológicos a largo plazo.

Además de las cuestiones estrictamente presupuestarias, el sindicato pone el foco en las condiciones laborales del personal investigador. En este sentido, lamenta que «la precariedad, la inestabilidad y los bajos salarios son las señas de identidad de la carrera investigadora desde los contratos predoctorales hasta el período postdoctoral». Una situación que, a su entender, dificulta tanto el desarrollo profesional como la estabilidad del sector.

En la misma línea, advierte de que «la concatenación de contratos temporales y falta de reconocimiento laboral y económico impiden la atracción y retención de talento». Esta problemática, subraya, repercute directamente en la capacidad del sistema científico español para competir a nivel internacional y consolidar equipos de investigación sólidos.

Por todo ello, CSIF considera imprescindible actuar con rapidez y plantea como prioridad «urgente diseñar una carrera científica definida, estable y bien reconocida». Un planteamiento que se enmarca en un debate más amplio sobre el futuro de la investigación en España y que, previsiblemente, seguirá marcando la agenda política y científica en los próximos años.