Sánchez no ha aprendido la lección: ¿un nuevo Frente Popular?

Como saben, hace unos pocos días llegó a las librerías mi nuevo libro, La secta republicana. La intransigencia ideológica de la izquierda y el naufragio de la primera democracia española. La obra tiene muchas cosas interesantes, claro está, pero resultan especialmente llamativos sus últimos capítulos, en los que se analiza la primavera trágica de 1936 y la desidia de los gobiernos del Frente Popular en su obligación de mantener el orden público y preservar los derechos constitucionales de aquellos españoles —en especial los católicos— que no simpatizaban con su política.

Digo llamativos porque su lectura tiene, necesariamente, que despertar un cierto grado de preocupación, al menos en los lectores atentos al devenir de los acontecimientos presentes. Suele recelar el historiador de incidir demasiado en los paralelismos entre estos y los pasados, pues no constituye su tarea mover en un sentido u otro la opinión de sus lectores. Pero es tan grave y tan extraordinario lo que sucede en la España actual que no he podido evitar dedicar unas líneas a comentarlo.

En la primavera de 1936, como señalara por entonces el siempre agudo Gaziel en las páginas de La Vanguardia, regía nuestra España un Gobierno que no podía gobernar. Y sucedía así, según el director del prestigioso rotativo barcelonés, porque no podía hacerlo un gabinete que, para mantener el orden público, debía reprimir a los militantes de los partidos obreros de cuyos votos dependía la supervivencia del Gobierno en las Cortes, que eran quienes lo alteraban.

Cipriano de Rivas reconocía sin rodeos que la violencia estaba causada 'por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes'

En lugar de hacerlo, por tanto, recurría su presidente —Azaña primero, Casares Quiroga después— a culpar de cuanto sucedía a las provocaciones de la derecha, fascista toda ella sin exclusiones ni matices, cuyas «tenebrosas maquinaciones» no tenían, en palabras del editorialista de Política, órgano oficial de la Izquierda Republicana, el partido de Azaña, otro objetivo que el de «estimular a las masas para que desborden al Gobierno, para que se vea en el trance de restablecer la paz pública a tiros». Por supuesto, ni el mismo presidente se creía aquella patraña, como bien demuestran las cartas que escribía por entonces a su cuñado, Cipriano de Rivas, de gira teatral por Hispanoamérica. En la que le remitió el 17 de marzo, por ejemplo, reconocía sin rodeos que la violencia estaba causada « por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría…».

Pero eso era en privado. En público, Azaña y los suyos usaban el argumento de forma machacona, como si se tratara de un mantra cuya mera invocación bastara para convertirlo en certeza. Lo usaba el presidente en sus conversaciones con el mismo jefe del Estado, como este recuerda en sus Memorias. Y lo usó en las Cortes en su discurso del 3 de abril, en el que atribuyó, sin más, los desórdenes a «las opresiones y persecuciones» y al «hambre pasada […] a consecuencia de una política», y de nuevo, con mínimas variaciones, el 15, cuando imputó la violencia al carácter mismo del pueblo español, asegurando que no se la podía «proscribir por decreto». Y también los prietistas, a pesar de la sensatez exhibida en ocasiones por su ciclotímico jefe, extendían la especie sin sonrojo. «Una ola de vesania —aseguraba un editorial de su más cualificado portavoz, el diario bilbaíno El Liberal, el 14 de marzo de 1936— se ha apoderado de las derechas españolas. La provocación sigue siendo en ellas tan constante como temeraria, cual si quisieran organizar una catástrofe».

Azaña y los suyos siguieron culpando a la derecha de cuanto sucedía y obrando en consecuencia

Por eso, la respuesta del gobierno del Frente Popular a la violencia de aquella primavera trágica no fue la que cabía exigir en el marco de un Estado de derecho que mereciera ese nombre. Lejos de desautorizarla, viniera del lado que viniera, e imponer a toda costa la ley y el orden, pues lo que estaba en realidad en juego eran los derechos fundamentales de la ciudadanía, y exigir calma a las masas obreras mientras aplicaban las reformas que las beneficiaban, Azaña y los suyos siguieron culpando a la derecha de cuanto sucedía y obrando en consecuencia. El 27 de febrero, el alcalaíno ordenaba la clausura de las sedes locales de Falange Española en todo el país bajo la acusación de tenencia ilícita de armas, una imputación del todo cierta, pero que podía hacerse extensiva a socialistas y comunistas, cuyas oficinas ni siquiera se registraron. Y poco después, tras el atentado falangista contra Luis Jiménez de Asúa, el día 13 de marzo, que costó la vida a uno de sus escoltas, decretaba la ilegalización de Falange y enviaba a prisión a José Antonio Primo de Rivera y a toda su Junta Política.

También para Sánchez la corrupción y los abusos sexuales son sistémicos y nada puede hacerse para reprimirlos

Por supuesto, los falangistas no eran hermanitas de la caridad. Sus pistoleros respondían con balas a las agresiones de las milicias socialistas y también disparaban ellos primero en ocasiones. Pero la respuesta sectaria del Gobierno y su negativa a aplicar la misma política a las izquierdas cuando eran sus militantes los que se servían de la violencia no podía sino convencer a muchos españoles de que aquel Gobierno no haría nada por proteger sus personas ni sus bienes. Con ello, como el mismo Prieto señaló en Cuenca el 1 de mayo, «la pequeña burguesía, viéndose atemorizada a diario y sin descubrir en el horizonte una solución salvadora, pudiera sumarse el fascismo».

Sánchez no ha aprendido la lección. En su visión sectaria y mezquina, es el Partido Popular el culpable del ascenso de la derecha radical, no la corrupción de los suyos ni sus continuas rendiciones ante la voracidad insaciable de los partidos independentistas. También para él la corrupción y los abusos sexuales son sistémicos y nada puede hacerse para reprimirlos. Pero la historia nos habla. No estaría de más que escucháramos sus lecciones.

Luis E. Íñigo es historiador e inspector de educación.