La ilegalidad de las plusvalías municipales deja en el aire miles de millones de euros

Si una casa no se ha revalorizado con el tiempo, no tiene sentido que se apliquen impuestos como si ello hubiera sucedido. Este es, grosso modo, el mensaje que ha trasladado el Tribunal Constitucional al declarar ilegales algunos puntos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 2004. Una medida del TC contra un tributo claramente abusivo que tendrá efectos secundarios en la vida contable municipal, pues deja en el aire una parte sustancial –de unos 2.500 millones de euros– de los ingresos que van a parar a las arcas de los más de 8.000 ayuntamientos españoles y que amenaza con provocar un aluvión de reclamaciones ciudadanas.

En el adelanto de la parte dispositiva de la sentencia que emitirá el Alto Tribunal próximamente se declaran inconstitucionales varios artículos, o parte de los mismos, relativos a las plusvalías municipales. En concreto, se refiere al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que se aplica al vender, heredar o recibir en donación una vivienda o un terreno no rústico. 

En una decisión que hace justicia a los propietarios, el Tribunal Constitucional determina la ilegalidad de los artículos 107.2 y 107.3, así como el segundo párrafo del artículo 107.1, porque no considera acreditado que una vivienda sume valor simplemente por el paso del tiempo. O, en otras palabras, elimina este articulado porque «determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento». Algo que no siempre sucede así.

Un impuesto vital para los consistorios

El alcance que tendrá la sentencia en las arcas de los ayuntamientos dependerá de la celeridad con la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública resuelva el embrollo, ya que, teóricamente, hasta que se modifique la ley, todas las operaciones de compra-venta de inmuebles, entre otras, no estarían supeditadas a este tributo, por lo que los consistorios dejarán de contar con un buen pellizco hasta que se resuelva el conflicto.

En una nota de prensa, el departamento encabezado por María Jesús Montero anunciaba este martes que estaba ultimando «un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos», sin dar más detalles.

El asunto no es baladí, este impuesto es –o era– la segunda mayor fuente de ingresos por impuestos de los consistorios españoles, junto con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), y solo por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI. El IIVTNU, sobre el que se ha pronunciado el TC, supuso en 2017 el 4,7 % del total de la recaudación de los ayuntamientos de las capitales de provincia. El mismo porcentaje que el señalado IVTM. El IBI, por su parte, representó el 28,2 % de la caja de los principales ayuntamientos.

Madrid y Barcelona, las más afectadas

Según los datos del informe Panorama de la Fiscalidad Local 2018, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), las capitales que se podrían ver más afectadas son Madrid y Barcelona, donde este impuesto supone más del 20 % de su recaudación, frente al citado 4,7 % de media. En la capital, el tributo supuso ese año el 27,2 %, un total de 644 millones de euros, frente al 21,7 % de la Ciudad Condal, que ingresó por esta vía casi 231 millones. 

Otras ciudades como Málaga (19,8 %), Zaragoza (19,5 %) o Burgos (17,4 %) también otorgan un papel clave a este impuesto a la hora de hacer caja. En total, en 2017, el conjunto de los ayuntamientos de las capitales de provincia españolas ingresó más de 1.300 millones de euros por esta vía. Para este año, se estima que el total de los ayuntamientos –no solo los de las capitales– esperaban ingresar un importe cercano al doble de esa cantidad, en torno a los 2.500 millones de euros. Unos fondos con los que los municipios contaban para elaborar los presupuestos del próximo año y de los que ahora no saben si van a disponer. 

Varios ediles, como el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el de Valencia, Joan Ribó, ya han pedido al Ejecutivo que compense la reducción de los ingresos procedentes de las plusvalías municipales por otras vías. «Si no lo hace, priva a los ayuntamientos de una fuente de ingresos esenciales para mantener servicios públicos», ha apuntado el regidor de la capital, que esperaba recaudar este año con las plusvalías municipales unos 500 millones de euros. 

En la mano de Montero está dar con la fórmula que permita la recaudación de unos ingresos vitales para pagar los servicios municipales y que se ajuste a derecho. Deberá, por tanto, de diseñar un nuevo impuesto, o de restablecerlo de alguna manera, como ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Algo que no parece sencillo, a tenor de las últimas sentencias del TC al respecto. En 2017 ya declaró inconstitucionales dos artículos del Real Decreto del texto refundido de la norma y en 2019 estableció la ilegalidad de una plusvalía municipal que fuese superior al incremento patrimonial del contribuyente.