20 de enero de 2022

La presidenta Ayuso, durante su visita a la sede del 112

La presidenta Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para anular la decisión del Gobierno centralEFE

Ayudas anticrisis

Bruselas evita responder a Ayuso por el reparto de fondos de Pedro Sánchez

La Comisión Europea se escuda en que el fondo incluye mecanismos de control para la distribución de los recursos
La Comisión Europea ha evitado contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha denunciado ante el Tribunal Supremo el reparto de los fondos de recuperación de la UE por parte Gobierno, porque considera que ese recurso se enmarca en el ámbito nacional y que el fondo anticrisis de la UE prevé ya mecanismos de control para la distribución de los recursos.
«No comentamos asuntos que son de naturaleza nacional», ha respondido la portavoz comunitaria para asuntos económicos, Veerle Nuyts, al ser preguntada en una rueda de prensa en Bruselas por la decisión de Ayuso de acudir a los tribunales por el reparto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha previsto para las ayudas anticrisis.
España se convirtió a finales de diciembre en el primer Estado miembro que recibió el primer tramo del fondo  de 10.000 millones de euros tras haber firmado con el Ejecutivo comunitario el documento técnico que estipula cómo se debe verificar el cumplimiento de cada compromiso y recibir el visto bueno de los Veintisiete a la decisión de desbloquear el pago.
Nuyts ha recordado que son los Estados miembros los principales responsables de llevar a cabo esos controles, si bien ha apuntado que la Comisión está capacitada para «tomar acciones» por propia iniciativa si encuentra «irregularidades» en la gestión de los fondos por alguno de los países.

Estrategia de control

«La Comisión implementará también su estrategia de control para asegurarse de que los fondos han sido utilizados apropiadamente», ha explicado en este sentido la portavoz, que ha recordado que es el procedimiento habitual con los programas de cada Estado miembro.
Nuyts ha apuntado que los Estados miembros deben prevenir la detección de «conflictos de interés, corrupción y fraude» que pueda afectar a los fondos.
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