Las vicepresidentas, Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Plan de respuesta a la guerra de Ucrania
El Gobierno prohíbe el despido a las empresas beneficiadas de ayudas ante el enfado de la CEOE
El Ejecutivo presenta el Real Decreto que restringe el despido. Garamendi critica la medida y anima a Díaz a montar una empresa. El plan limita las revalorizaciones al alquiler y topa el precio ofertado de gas a los clientes
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, presenta el plan con el que el Gobierno responde a las consecuencias de la «guerra de Putin». Un paquete de medidas con las que «hacer frente a la crisis energética sin rebajar el bienestar del ciudadano», ha dicho la ministra de Asuntos Económico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan se sustenta sobre cinco pilares, e incluye novedades como la prohibición de despido para aquellas empresas que se beneficien de ayudas directas, incluidos los ERTES. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la propuesta. «Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, que monte una empresa ella y que lo haga», le ha espetado.
El paquete cifrado en 16.000 millones de euros, deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados, y estará vigente entre el 1 de abril y el 30 de junio.
Prohibición del despido
El paquete incorpora dos prohibiciones de despido. Por un lado, impide el despido justificado a aquellas empresas que aduzcan pérdidas por la subida de los precios de la electricidad, por otro, recuerda que aquellas empresas que acudan al mecanismo ERTE tampoco podrán hacerlo. «Cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir», dijo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lanzó un mensaje directo a los empresarios, «no tiene sentido recurrir a ERTES si el empresario va a despedir», dijo.
El presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi ha criticado especialmente este anuncio. A falta de conocer «la letra pequeña» respecto a estas medidas que se recogerá en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha indicado en rueda de prensa en Zamora que no comparten las medidas que suponen «intervenir la economía en lo que es la libertad de acción y de empresa».
Límite del 2 % a revisiones del alquiler
Límite del 2 % en las revisiones de los alquileres. Esta medida se articula de dos maneras. Por un lado, impide que los grandes tenedores puedan revalorizar las rentas más del 2 % que marca el índice de garantía de competitividad. Por otro, establece que los pequeños propietarios deberán renegociar la revalorización con sus arrendatarios, de no llegar a un acuerdo –ha dicho Díaz- «se limitará al 2 %».
Aprobado el tope del 2 % en el alquiler, obligatorio para grandes tenedores
Desde el sector inmobiliario critican que Ejecutivo deja el peso de esta medida sobre los arrendadores, «este Gobierno tiene una tendencia a trasladar al sector privado las eventuales soluciones al problema del alquiler, cuando nuestro mercado está compuesto en un 80 % por propietarios particulares que también sufren las consecuencias de una alta inflación», dice Beatriz Toribio, analista inmobiliaria.
20 céntimos por litro
Esta iniciativa recaerá sobre las cuentas públicas, que deberán aportar 15 céntimos por litro y en menor medida sobre las petroleras, que asumirán un mínimo de 5 céntimos. Los usuarios percibirán el descuento directamente en el repostaje de su vehículo desde este viernes y hasta el próximo 30 de junio, tal y como ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista concedida este martes.
Para los analistas, este apartado tendrá un efecto adverso, «podría incrementar la demanda de combustible, lo que a la vez inflará su precio», dicen a El Debate. Los expertos advierten de posibilidad de aglomeraciones y colas a las puertas de las gasolineras el viernes -cuando entra en vigor la medida- y apuestan centrar esa bonificación en los sectores más afectados por el encarecimiento de la gasolina y el gasóleo.
Topes al precio del gas
Punto y aparte merece el bloque destinado a la contención de precios de la energía. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera ha confirmado que el Gobierno enviará esta semana la propuesta de fijación de un precio de referencia para el gas utilizado en la producción de electricidad, cuantía que desde el Gobierno siguen sin cuantificar. «Estamos trabajando», ha dicho Ribera que ha confirmado que la Comisión Europea -que deberá dar su visto bueno- se ha comprometido a hacer una gestión ágil de la propuesta que España y Portugal enviará. «Le llevara algunas semanas, los extremos están en fase de discusión», ha dicho la ministra de Transición Energética que ha confiado en que todo esté aprobado y aplicado «en tres cuatro semanas».
Cuatro semanas para topar el precio del gas
La norma incluye una prórroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz (IVA al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5 % y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica), hasta el 30 de junio.
Por otro lado, el Real Decreto incluye una actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, con una rebaja en 2022 de cargos del sistema eléctrico hasta el 55 %, por 1.800 millones. También se extiende hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales. En este sentido, Ribera ha anunciado que «el precio ofertado al particular no podrá superar el umbral de los 67-70 euros de tope», ha dicho Ribera, que ha recordado que esta medida solo será aplicable para revisiones o nuevos contratos, «no puede haber retroactividad», ha dicho.
Las energéticas no podrán ofertar gas al usuario a más de 67-70 euros
Ribera ha detallado novedades que no se conocían. En concreto se pone en el punto de mira las plantas de renovables que utilizan residuos. El Ejecutivo adelanta el examen sobre estas plantas, «el Gobierno anticipa la liquidación para valorar si la rentabilidad se ha visto superada por los ingresos obtenidos».
Otro de los artículos establece que, desde 1 enero del año 2023, las plantas de generación de renovables podrán vender su electricidad al margen del mercado a operadores o comercializadores.
Más beneficiados del bono social
Este apartado incluye un incremento del 15 % en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y una extensión del bono social térmico y eléctrico, del que se beneficiarán 600.000 hogares más, hasta llegar a los 1,9 millones. «Incrementamos la referencia mínima para poder acceder», afirma la vicepresidenta. Para llevarlo a cabo, el Gobierno amplía el número de empresas y titulares obligados a contribuir al bono social.
Además, el paquete de medidas incluye un cambio de denominación de los beneficiarios, que «dejamos de hablar de familias y pasamos a hablar de personas convivientes».
10.000 millones en avales ICO
En el bloque de medidas destinadas a empresas y sectores, destaca la nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones para necesidades de liquidez por el encarecimiento de la energía. Además, el Gobierno extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados.
En el apartado de las ayudas directas, la vicepresidenta primera ha detallado la concesión de 362 millones para el sector de la agricultura y la ganadería, de 68 millones para el pesquero, y los más de 500 millones de euros destinados a compensar los peajes en un 80 % para aquella industria de gran consumo, alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector.
Ayudas directas al transporte
En este punto, el documento hace hincapié en el sector del transporte, al que se le dedica una inyección de más de 1.000 millones, una rebaja mínima de 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y un nuevo fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia).
Además, se reduce de tres a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos y se firma el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo.
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