28 de junio de 2022

Mikel Buesa visita la redacción de El Debate

Mikel Buesa visita la redacción de El DebatePaula Argüelles

Entrevista

Mikel Buesa: «El Gobierno Vasco daba antes subvenciones a ETA, y últimamente las da a asociaciones vinculadas al terrorismo palestino»

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y expresidente del Foro de Ermua habla de financiación autonómica, de la relacionada con el terrorismo y otras cuestiones de la economía y la política española

Mikel Buesa (Guernica, 23.1.1951) vivió en Vitoria hasta los 15 años, momento en el que se desplazó a Madrid por motivos de trabajo de su padre. Estudió Bachillerato en el colegio Nuestra Señora del Pilar, donde fue compañero de curso de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Lissavetzky. Después estudió Económicas en la Universidad Complutense, lugar en el que es catedrático de Economía Aplicada. Su actividad social y política también es bien conocida por su papel como presidente del Foro de Ermua o su impulso del partido UPyD, entre otras tareas. Su hermano Fernando, miembro del Partido Socialista de Euskadi (PSE), fue asesinado por ETA en el año 2000.
–Hay quien dice que usted ha tenido un viraje ideológico de la izquierda a la derecha. ¿Es cierto?
–Sigo diciendo que soy de izquierdas, pero voto al PP. Los más jóvenes no habéis vivido la dictadura; nosotros, sí. Muchos de mi época éramos así. Seguimos teniendo reuniones de promoción, pero ya no hay ninguno de izquierdas. Ha habido un vaciamiento ideológico. Rubalcaba no era así, partidario de dar todo lo que le pidiesen. Podías estar de acuerdo o no con sus ideas, pero era de una inteligencia muy superior a la de los políticos actuales. Alfredo y otros de distintos partidos acabaron en los gobiernos haciendo políticas que se podían apoyar o no, pero tenían cierto fundamento. Después de esa generación han llegado políticos con una preparación cada vez peor; y cuanto más a la izquierda, peor. La consecuencia de este deterioro son las declaraciones asombrosas que se hacen en todos los ámbitos, desde los derechos de la mujer a la economía.
–Uno de los campos sobre los que más ha escrito ha sido la financiación autonómica. ¿Cómo ve su evolución?
–Es un problema que arrastramos desde hace décadas; también desde el Gobierno anterior al actual. Rajoy no quiso saber nada de este asunto. Los regímenes forales de País Vasco y Navarra ejercen un chantaje por parte de los nacionalistas para apoyar a todos los gobiernos que van pasando y para lograr lo que ya en el siglo XIX decía Pedro de Egaña: el fuero no es no pagar; es pagar lo menos posible. Esto ha conducido a una sobrefinanciación enorme de esas comunidades autónomas: unos 3.000 euros por habitante, frente a otras que están en 2.000. Luego están las regiones de régimen común. Hay regiones que están mal financiadas y otras que están muy por encima de la media: fundamentalmente, Cantabria y La Rioja. Madrid está aproximadamente en la media. No tiene ningún agravio comparativo salvo con el País Vasco y Navarra. Mientras en Madrid se generen recursos suficientes, va financiando al resto de comunidades autónomas junto con Cataluña, en menor medida, y Baleares. Es lógico que se haga de esta manera. Es una manera de consolidar el mercado interno nacional. No se está explotando a Madrid. Si Madrid financia a otras regiones, otras regiones compran en Madrid, sobre todo servicios. Hay una demanda que genera ese dinero que va a otras regiones. También genera empleos, con lo cual se crea un círculo virtuoso muy favorable.
–¿Qué opina del cupo vasco?
–Las desigualdades tan importantes que hay entre regiones no son de recibo, y eso requiere sobre todo corregir el cupo vasco. El cupo es una ley que se aprueba en una mañana en el Congreso de los Diputados. En ella hay unos números que dicen lo que valen las competencias, y son todos falsos. Como lo aprueba el Congreso, se convierte en una verdad jurídica, y a partir de ahí aparece el agravio comparativo de la financiación. Hay que corregirlo, al igual que las diferencias de cántabros y riojanos por encima de los demás. No se ha hecho ni se va a hacer. No está en los planes del Gobierno meterse en este lío con el que no va estar de acuerdo ninguno de los favorecidos, pero cuando se haga, se verá que era lo que había que hacer.
–¿Cómo ve la evolución de Cataluña?
–Ha experimentado un retroceso claro como consecuencia del proceso soberanista. Se explica muy bien en un libro reciente de Ferrán Brunet. Su decadencia se acentúa después de la declaración de independencia. Madrid va hacia arriba, y Cataluña, hacia abajo. Es un proceso difícilmente reversible. En Quebec pasó algo parecido. Los inversores empezaron a pensar que era un sitio poco recomendable, y en Cataluña está pasando lo mismo. Probablemente tenga un decaimiento de veinte-treinta años que después revierta porque las condiciones políticas cambian, pero no sabemos qué va a ocurrir dentro de veinte-treinta años. Lo que sí sabemos es que meterse en esas aventuras produce daños irreversibles. Al lendakari Leizaola, que lo fue en el exilio en los años 60, le preguntaron qué ocurriría si Euskadi se hiciera independiente. Contestó que cien años de pobreza. Aún hoy podemos comprobar que los nacionalistas son nacionalistas, pero no son tontos. Arzalluz dijo luego que sabían lo que decía Leizaola, pero estaban dispuestos a sacrificarse por la patria. A lo mejor hay algún dirigente que quiere sacrificarse por la patria, aunque lo dudo, pero el que se sacrifica no es el dirigente, sino toda la población, que va perdiendo oportunidades de empleo, rentas, instalándose en una situación de deterioro continuo que va poco a poco. De repente te encuentras con que tus hijos ya no tienen oportunidades de empleo y tienen que emigrar.
–Otro de los temas que usted ha investigado mucho ha sido la financiación del terrorismo de ETA.
–Ha supuesto entre 15 y 20 millones de euros anuales de promedio desde finales de los años 60 y hasta 2010. Experimentó cambios muy importantes. Hasta comienzos de los 90 fue ETA la que se ocupó de obtener los recursos necesarios. A partir del 92 jugó un papel menor frente al de las organizaciones incluidas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Algo de eso queda, porque los herederos de ETA siguen estando ahí y manteniendo negocios como las herrikotabernas, extrayendo rentas de los ayuntamientos donde gobiernan, obteniendo subvenciones... Lo que está ocurriendo en los últimos años no lo tengo tan estudiado. Las entidades del MLNV obtenían subvenciones, de modo que fueron las administraciones públicas quienes financiaron los veinte últimos años de ETA. Entre ellas, la más importante fue el Gobierno Vasco; las diputaciones y los ayuntamientos del País Vasco fueron menos importantes; la Unión Europea, que fue engañada convenientemente y acabó soltando unos cuantos millones de euros, fue bastante importante; también con poca importancia estuvieron el Estado español a través de los sistemas de financiación de partidos políticos, y algunas cosas más. Hubo un pseudopatrocinio estatal o administrativo. Digo pseudo porque las subvenciones eran legales, pero tenían una finalidad terrorista y se sabía. Cuando se llevaron a cabo, la financiación al terrorismo no era delito (el delito aparece cuando ETA deja el terrorismo), por lo que las subvenciones eran legales, y había gente que se justificaba: claro, es que mi pueblo tiene que dar dinero, en un programa cultural, a las entidades culturales; pero todo el mundo sabía a quién le estaba dando el dinero, incluido el Gobierno Vasco.
–¿Siguen existiendo esos pseudopatrocinios?
–Sorprendentemente, sí. El periódico El Mundo publicó hace unos meses un artículo de una persona dedicada a estos asuntos que ponía de relieve que el Gobierno Vasco por una parte y el Ministerio de Asuntos Exteriores por otra estaban financiando a unas oenegés vinculadas a organizaciones terroristas palestinas. Parece insólito, pero es así: esas vías funcionan con esa sutilidad. Es más: en torno a los años 2015-16-17, aparecieron en el ámbito europeo una serie de estudios sobre la utilización de las ayudas sociales por parte de los yihadistas vinculados con organizaciones terroristas islámicas. Se constataron varios casos concretos en Bélgica, España, Francia, Alemania, Holanda, etcétera. Curiosamente, todos los casos que había en España eran de yihadistas que cobraban las subvenciones, las ayudas sociales, del Gobierno Vasco. Probablemente sería porque es el lugar donde hay más ayudas sociales. Como los yihadistas no son tontos, dicen, no me voy a ir a Extremadura para que me den cuatro duros; mejor me voy al País Vasco, donde me hacen rico. Denota la falta de control que hay. No digo que no se den ayudas sociales a inmigrantes, pero sí que se compruebe a quién se le dan. Si no se hace, se financia a quien te ataca, lo cual no tiene sentido.
–Yendo a un plano más general, ¿qué le preocupa más de la situación económica de España?
–El alto nivel de deuda. En la última etapa del Gobierno actual ha habido unos excesos de gasto considerables. Puede pesar sobre el futuro inmediato si tenemos en cuenta que vamos a entrar en una etapa en la cual los tipos de interés van a ser cada vez más altos. El Gobierno actual tiene un afán estatalizador que lleva a un gasto público excesivo. El problema del déficit no se resuelve, y desde Bruselas nos lo están advirtiendo. La ministra Calviño está muy contenta porque para el año que viene no tenemos reglas fiscales, como si eso fuera muy bueno para la economía, y no lo es. Desde un punto de vista más micro, tenemos demasiadas personas con salarios bajos y un importante problema de desempleo cuya solución creo que es prácticamente imposible solucionar. Tenemos tres millones de desempleados. La inmensa mayoría tiene una bajísima cualificación, y el Gobierno no se preocupa de mejorar su cualificación, sino de subsidiarla. Por esta vía, estas personas difícilmente encontrarán empleo en una economía y una sociedad cada vez más complejas que exigen una preparación mejor.
–¿Qué opina de las reformas?
–La de pensiones está todavía en el aire como consecuencia de la inflación. Mantener la regla de subir las pensiones al ritmo de la inflación supondría un gasto enorme que no se financia con unas cotizaciones que no están creciendo a ese ritmo. Además es una reforma fallida porque no ha tocado el punto esencial, que es muy impopular, y que consiste en que hay que trabajar más años. Todos los estudios señalan que el equilibrio de la Seguridad Social se puede alcanzar si la edad laboral aumenta hasta cerca de los 70 años.
–¿Y de la reforma laboral?
–Soy muy crítico. Ha tocado esencialmente la cuestión de los trabajadores con contrato temporal, exigiendo la causalidad en la temporalidad y trasladando hacia contratos fijos a todos los que estaban contratados como temporales pero no había causa para ello. El problema no es ese. Teníamos un problema grave de temporalidad, pero no está determinado por las figuras contractuales, sino por el hecho de que los contratados temporales tienen unas indemnizaciones por despido muy inferiores a las de los contratados fijos. Al trasladar ahora a buena parte de los temporales hacia contratos fijos, encarecemos el coste del trabajo. Lo razonable hubiese sido reducir las indemnizaciones a un nivel más bajo, pero el impulso sindical no es ese: consiste en restaurar las indemnizaciones de 45 días por año trabajado y 32 mensualidades que heredamos del franquismo y que todos sabemos que son desorbitadas. Las indemnizaciones españolas resaltan por estar en los niveles más altos, lo cual es absurdo en un país que no tiene suficiente empleo para todos sus habitantes. Si llega una crisis, los empresarios acabarán despidiendo, y veremos una traslación de las indemnizaciones por despido al Fondo de Garantía Salarial.
–La inflación es el problema que más preocupa a los economistas.
–No soy de los optimistas que piensa que la inflación es transitoria. Creo que durará varios años. La guerra no ha hecho más que añadir un elemento adicional a un fenómeno que era preexistente y que se ha manifestado sobre todo en la elevación de los precios del gas y más adelante en los petrolíferos, y que tiene que ver con la transición energética. La transición energética se ha planificado mal, y en el caso de España, muy mal. Se ha pensado que lo único importante es producir energía renovable, pero no se ha pensado que han de pasar bastantes años para que se realicen las inversiones que finalmente nos conducen al bajo consumo, y que no van a desaparecer el gas, ni el petróleo ni los combustibles derivados del consumo del petróleo. En Madrid, por ejemplo, llevamos cuatro o cinco décadas en el intento de sustitución de las calderas de carbón. Estos procesos duran muchísimo tiempo. Y luego, hay actividades en las que no hay tecnologías alternativas. En la industria azulejera, por ejemplo, no hay tecnologías alternativas eficientes a la quema de gas en hornos de gas. En el caso del automóvil, curiosamente las autoridades nos están diciendo que el basado en gasolina o gasóleo ha de desaparecer en el año 2035, pero resulta que el vehículo eléctrico más vendido en España a día de hoy es la bicicleta. El empeño de los gobiernos en frenar el consumo del gas para acelerar la transición energética nos ha conducido a una situación en la que hay una restricción de oferta muy fuerte del gas, y los precios se elevan. En lugar de decirnos que se van a buscar tecnologías para reducir nuestra dependencia energética del exterior, el Gobierno nos indica que va a poner un precio administrativo al gas que no va a solucionar prácticamente nada. Nos dicen que la carestía se va a solucionar en meses, pero no es verdad, y se está viendo con la bonificación de los veinte céntimos a los combustibles. La solución no es que el Gobierno nos regale veinte céntimos, que además salen de nuestros bolsillos. La cuestión es que hagamos un uso más racional del automóvil, del transporte público, etcétera, que nos permita reducir la demanda de esos combustibles.
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