El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri
Negociación con el Gobierno
Cuotas congeladas y ayudas a hipotecados: la banca ofrece medidas para limitar el impacto de la inflación
La patronal de la banca negocia con Economía suavizar las condiciones de las ayudas integradas en el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012
Gobierno y banca buscan vías para proteger a las familias de la escalada del Euribor. Catorce años después del estallido de la mayor crisis financiera del último siglo, las entidades tomaron la iniciativa la pasada semana tendiendo su mano al Ejecutivo con el objetivo de evitar una nueva lluvia de desahucios y problemas en el pago de las cuotas.
El debate nació de una propuesta lanzada por CaixaBank. El banco puso sobre la mesa la posibilidad de congelar las cuotas hipotecarias para amortiguar el impacto que las subidas de los tipos de interés están teniendo sobre los clientes. La idea fue bien recibida por el sector, pero sobre todo por el ministerio de Economía. El departamento que dirige Nadia Calviño aplaudió la medida, y la incluyó dentro de la negociación abierta con la patronal de la banca.
Gobierno y banca buscan ampliar las medidas voluntarias de apoyo a vulnerables
«Son muchas las propuestas que se ponen sobre la mesa y vamos a analizarlas para que cuanto antes podamos tener un catálogo de medidas que puedan apoyar a las familias en este contexto de subidas de los tipos de interés», dijo la vicepresidenta primera este miércoles en Fráncfort.
No es la única vía para atajar el impacto del encarecimiento de las cuotas de las hipotecas variables. Fuentes del sector confirman que se están estudiando otras alternativas para minimizar la pérdida de poder adquisitivo dentro del Código de Buenas Prácticas. El Real Decreto implementado en marzo de 2012 ofrece la reestructuración de la deuda hipotecaria a familias y hogares en situación vulnerable. En su artículo 3, la medida señala como beneficiarios a los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos no superen el límite de tres veces el IPREM anual de catorce pagas (24.318,84 euros en total).
Un punto que podría verse modificado si las negociaciones entre el Ejecutivo y el sector financiero avanzan. Tal y como adelantó El Economista, las entidades han trasladado a Calviño la posibilidad de ampliar el umbral que dicta la norma, extendiendo la iniciativa a rentas superiores a las descritas. El Código de Buenas Práctica recoge otras medidas como la moderación de los intereses moratorios de los créditos o hipotecas para los deudores situados en el umbral de exclusión. La normativa es de adhesión voluntaria, aunque la inmensa mayoría de bancos se acogieron a él.
Contexto difícil por el impuesto a la banca
Las conversaciones entre Economía y la patronal de la banca se producen en un momento delicado. El impuesto impulsado por el Gobierno –que ya ha comenzado su andadura en el Congreso– ha enturbiado las relaciones entre las entidades y el Ejecutivo. La tasa gravará el 4,8 % sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a 800 millones de euros, y está previsto que entre en vigor el próximo 1 de enero.
Hacienda estudiará prorrogar el impuesto pasados los dos años
La medida desató el sonoro rechazo de la gran banca. «Estas iniciativas son injustificadas, discriminatorias y, lo que es más importante, no logran abordar la crisis del coste de la vida», decía en verano Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. La relación se tensó aun más a inicios de este mes de octubre, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló que el Gobierno podría prorrogar el impuesto más allá de los dos años previstos.
Las grandes entidades no han dejado de recordar la presión fiscal que soportan. Según un estudio de PwC Tax&Legal, la gran banca destinó 51 de cada 100 euros de su beneficio antes de impuestos a pagar a Hacienda. En concreto, el documento revela que en 2021 estos bancos aportaron 6.439 millones de euros a las arcas públicas. La consultora desglosa que casi 2.000 millones fueron a parar a la Seguridad Social, otros 1.600 millones pagaron el IVA no deducible y otros 1.530 millones en concepto de Impuesto de Sociedades.
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