Izquierda Unida propone nuevos impuestos mientras la federación de Madrid debe más de 930.000 euros a Hacienda

Un año más, coincidiendo con el comienzo del segundo semestre, la Agencia Tributaria ha difundido el listado de deudores a la Hacienda Pública. Se trata de una práctica controvertida, pues aparecen datos personales como el nombre completo y el DNI, pero que permite a los españoles comprobar qué empresas o personas físicas no cumplen con la cosa común.

Un año más, Izquierda Unida Madrid figura en ese listado y presenta una deuda de 939.973,74 euros, una cifras muy similar a la del año anterior.

El historial deudor de la federación de Izquierda Unida Madrid es largo. En el año 2010 debía 10 millones de euros y en el año 2015 fue expulsada de Izquierda Unida pero la deuda permaneció. En 2016 debían 8,6 millones y todavía hoy adeudan más de 900.000 euros.

Contrasta este agujero (el que Izquierda Unida no responde debido a esa expulsión del año 2015) con lo que predica el partido presidido por Alberto Garzón. La histórica formación, aunque se diluyó primero en Podemos y ahora en Sumar, ha presentado estos días un documento con su Aportación de IU al programa de las Elecciones Generales del 23J.

En ese escrito de 200 páginas, el partido deja varias ideas en materia impositiva: «No es defendible que las Comunidades Autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos, del mismo modo que sería inadmisible que un ciudadano por disponer de más renta y pagar por consiguiente más impuestos, recibiera servicios públicos en mejores condiciones que otro con menores recursos», reflexionan en primer lugar.

Después proponen reformar el Impuesto de Patrimonio «para convertirlo en un impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas (...). El nuevo tributo deberá alcanzar el 1,5 % del patrimonio total y proporcionará más de 9.700 millones de euros adicionales a las arcas públicas».

También sugieren «elevar el actual tipo impositivo del 0,03 % hasta llegar al 1 %» en el impuesto a los depósitos que pagan las entidades bancarias. «Se trata de un tipo absolutamente razonable en una economía de mercado», escriben este documento de intenciones.

Luchas contra el fraude

Pero la cosa no queda ahí. También contemplan «establecer una tributación mínima del 15 % del Resultado contable y no de la Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades», así como «recuperar el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica del 7 % con el que se grava a los productores de electricidad». Proponen además un tributo a las actividades mineras que «generan elevadas externalidades ambientales en términos de agotamiento de recursos naturales no renovables» y «un impuesto del carbono centralizado que grave las actividades y productos que en su extracción, fabricación, comercialización y uso emitan dióxido de carbono», entre otros.

Incluso, dentro de esa Aportación de IU al programa de las Elecciones Generales del 23J, dedican un apartado a teorizar sobre la elusión y el fraude fiscal, que consideran «uno de los mayores lastres para la justicia fiscal y para el impulso de las políticas públicas». Para combatir este problema, calculan, se necesitarían «26.718 nuevos funcionarios para reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en España y más competencias a los técnicos existentes en plantilla».

Este plan, que firmaría igualmente la federación madrileña expulsada en 2015, confirma el afán recaudatorio de una izquierda política que, pese a estar en récord de recaudación vía impuestos, no ha conseguido desde el Gobierno reducir de forma sustancial la deuda y el déficit.