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03 de mayo de 2024

José María Rotellar

La deuda de Cataluña no se puede perdonar

La región habría tenido que suspender pagos debido a su pésima gestión si no hubiera sido salvada por la ayuda del FLA

Actualizada 04:30

Al mismo tiempo, tanto que los separatistas claman por su independencia, debido a lo que consideran el maltrato de Madrid, sin embargo, no dudaron en renunciar a su autonomía financiera para alargar la mano y que su endeudamiento lo cubriese el Tesoro a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), pues la pésima gestión de sus gobiernos la había convertido en insolvente, con su calificación crediticia a nivel de bono basura. Es decir, Cataluña sin el FLA habría tenido que suspender pagos regionales, porque nadie estaba dispuesta a prestar en el mercado a una región que estaba prácticamente quebrada en 2012.
De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como «FLA bueno». Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda.
Así ha sido la financiación del Fla entre 2012 y 2023.

Así ha sido la financiación del FLA entre 2012 y 2023.Fuente: Ministerio de Hacienda.

De la misma forma, también Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba por sus excesos de déficit, debido a su mala gestión. De esta manera, el Ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40 % de todos los recursos del plan de pago a proveedores.
Evolución del pago a proveedores.

Evolución del pago a proveedores.Fuente: Ministerio de Hacienda.

¿Eso qué supone? Que además de haber sido la que más ha recibido del SFA, su deuda ha sido permanentemente financiada por la Administración General del Estado. Después de tantos años y de 118.000 millones financiados por los mecanismos extraordinarios de financiación (FLA, principalmente, y, en menor medida, FFF), la inmensa mayoría de la deuda viva de Cataluña, 85.456 millones al ITR-2023, según el Banco de España, ha tenido que ser financiada por el FLA, salvo que tuviese alguna operación antigua a largo vencimiento, poco probable, y el corto plazo financiado con líneas de crédito.
Por tanto, cuando se habla de condonar la deuda del FLA, se está hablando de inyectar directamente todo ese dinero que se debe a la región o regiones a las que se le perdone. En el caso de Cataluña, la práctica totalidad de su deuda. Por tanto, el victimismo independentista catalán queda al descubierto, ya que no sólo el resto de España no roba a Cataluña, como dicen ellos, sino que Cataluña es la que más recibe del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), la que más ha sido sostenida en su endeudamiento por el Tesoro, una de las que más ha recibido del Plan de Pago a Proveedores, y un SFA diseñado para beneficiarla. Los problemas de Cataluña no son debidos a una mala financiación, sino a una pésima gestión, con gastos innecesarios, que hacen que sea insolvente, no pueda financiarse por ella misma, al tener la calificación de bono basura y tener la mayor deuda pública de España, con uno de los mayores crecimientos de deuda sobre el PIB entre 2008 y la actualidad. Y ahora quiere condonación de sus deudas y un sistema de financiación exclusivo, imposible de sufragar por el resto.
Eso es lo que Sánchez está dispuesto a comprar para ser investido: el incentivo al mal gestor y el ataque a la solidaridad interregional.
Las deudas hay que asumirlas y pagarlas, no se pueden condonar, porque la distorsión económica sería muy importante, empobreciendo al conjunto de españoles, también de los catalanes, no justificado porque haya regiones que han seguido la barra libre de gasto y un endeudamiento exponencial, en lugar de preocuparse por gestionar adecuadamente y ofrecer a sus ciudadanos los mejores servicios. Es algo aberrante, intolerable y que puede causar un gran daño a la credibilidad de la economía española y, por tanto, a la actividad y al empleo. Es una medida a la que hay que oponerse de manera frontal, porque es dañina para el conjunto de la economía y el empleo.
José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director de su Observatorio Económico
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