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Viajeros esperan la llegada de un tren en uno de los andenes de la estación de SantsFoto: Europa Press / Edición: Paula Andrade

Cataluña asumirá Rodalies, aunque tendrá en contra a los maquinistas de Renfe

La elevada deuda de la comunidad no impedirá que asuma la gestión íntegra de sus maltrechos trenes de cercanías

La gestión de los trenes de cercanías catalanes, conocidos como Rodalies, ha sido una de las principales peticiones de los partidos nacionalistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Ayer por fin consiguieron su traspaso progresivo tras el pacto alcanzado entre PSOE y ERC.

Los catalanes se han quejado con insistencia del mal funcionamiento de este servicio que depende de la Generalitat, pero cuyos trenes son de Renfe y las vías de Adif. Ahora pasará todo, de manera progresiva, al gobierno catalán.

Rodalies da cobertura cada día a entre 300.000 y 400.000 pasajeros. Desde hace tiempo registra averías constantes que el Gobierno catalán y el PSC atribuían a una inversión insuficiente por parte del Gobierno central en la última década. Según apuntan desde la Generalitat, en 2022 se registraron 831 incidencias que se tradujeron en más de cien minutos de retrasos por tren. Solo en 44 días de todo 2022 no hubo incidentes.

Según decía a principios de octubre en el parlamento la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, el servicio se ha convertido en una «pesadilla diaria» por la falta de inversión del Estado: «Cuanto más datos tenemos, más grande es la magnitud de la tragedia. Desde 2010 a 2021, el Gobierno tenía presupuestados 7.339 millones, pero solo ha ejecutado la mitad», decía. No es un problema de ahora. El experto en infraestructuras de la Universidad de Barcelona Germá Bel recuerda que José Blanco prometió como ministro en 2010 4.000 millones de inversiones en cercanías en la región y al final de la década se habían ejecutado 400.

La consejera pedía el traspaso «imprescindible y urgente» de Rodalies, y decía a Sánchez que, «si no se esfuerza, no habrá investidura». Se puede deducir que Sánchez se ha esforzado y tendrá investidura.

La pregunta ahora es si Cataluña, que está entre las comunidades autónomas más endeudadas de España, puede permitirse otro coste más como el que se acaba de reseñar.

Parte de la respuesta está en la condonación de la deuda que ayer consiguió ERC, aunque la realidad más palpable es que la región tiene una deuda de 70.000 millones con el Fondo de Liquidez Autonómico (que se reducirá en un 20 % tras la condonación acordada con Sánchez) y que Cataluña es la segunda comunidad que más deuda tiene porcentualmente entre las comunidades autónomas, tan solo por detrás de Valencia.

Quizá por estos motivos, se ha acordado constituir la empresa mercantil Rodalies Catalunya, empresa mixta del Estado y la Generalitat, con participación mayoritaria de la Generalitat. Estará separada de Renfe Viajeros, pero dispondrá de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegurará la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos por los empleados. Según el acuerdo, la nueva compañía se dotará «de los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña por parte de Renfe». El presidente de la empresa estará propuesto por la Generalitat.

La Generalitat defiende que el traspaso engloba los recursos para hacer frente a la gestión del servicio. Se fija una fase transitoria de la transferencia de los recursos económicos necesarios con una duración establecida de mutuo acuerdo antes de la inclusión del traspaso de recursos en el Sistema de Financiación Autonómica.

Una posible solución, pero con los maquinistas en contra

Germá Bel, que trabajó como asesor del Ministerio de Transportes entre los años 1991 y 1993, concluyó desde entonces que la primera regla de mejor gobernanza en una cuestión como esta es que asuma la gestión quien puede ser valorado por ella por los usuarios, para bien y para mal; en este caso, que sea votado o no según lleve a cabo la gestión. Por tanto, en principio es positivo que la gestión la asuma el Gobierno catalán y se responsabilice de ella.

Quienes no están de acuerdo son los maquinistas de Renfe, que ya han anunciado movilizaciones porque no quieren pasar a depender de la Generalitat por su temor a no mantener las condiciones laborales que tienen en la actualidad, aunque el acuerdo refleja lo contrario.

El traspaso acumula ingredientes para que se vea afectado por algunos problemas, pero Bel afirma que no tiene complejidad técnica. Si se hace bien, puede ser una solución para una región en la que el profesor afirma que «el bus metropolitano funciona bien, el metro lo hace decentemente y el cercanías está muy por debajo de lo que debería ser, aunque tampoco es el de Kenia».

Reconoce que ha habido una subinversión; que en veinticinco años prácticamente no se ha invertido nada en infraestructura de cercanías y que en los últimos años se ha he hacho algo más; que el problema es del Gobierno central, que es de quien dependía, y que el retorno ahora al Gobierno catalán no garantiza que se vaya a arreglar el problema; para que se arregle, hay que hacerlo bien, con profesionales competentes.