Complejo de energías renovables en Canarias
El Banco Mundial tumba el intento de España de anular una condena de 23,5 millones por las renovables
El actual Ejecutivo se ha negado hasta la fecha a desembolsar los importes de las condenas
Nuevo varapalo a los intereses de España a cuenta de los impagos por los renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (CIADI) ha tumbado la solicitud de anulación por una condena de 23,5 millones de euros. Fuentes cercanas al caso elevan la cuantía total a cerca de 31 millones, tras sumar 5,4 en concepto de intereses de demora y casi 1,8 en concepto de costas.
El caso se remonta a junio de 2015, cuando la compañía japonesa JGC Holdings denunció a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas. Tras un largo proceso, el 9 de noviembre de 2021 el CIADI falló a favor de la compañía nipona, uno de los 26 casos que ha perdido España hasta la fecha en los tribunales internacionales.
JGC Corporation construyó dos plantas fotovoltaicas en Andalucía, y procedió a denunciar a nuestro país tras los cambios retroactivos de 2010 y 2014, bajo los respectivos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. Unas modificaciones que, según el CIADI, vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. Tras la publicación del laudo, España presentó la solicitud de anulación contra la que ahora ha fallado el tribunal, presidido por el coreano Hi-Taek Shin.
Amenaza de embargos
El actual Ejecutivo se ha negado hasta la fecha a desembolsar los importes de las condenas. Una decisión que los demandantes califican de «política». Los inversores aseguran que las compensaciones podrían llegar a ascender a entre 2.000 y 2.500 millones. El gasto ascendería, solo en abogados, consultores y asesores de respaldo a la Abogacía del Estado, a 70 millones hasta la fecha, a lo que habría que sumar otros 60 millones en concepto de costas, y 120 millones adicionales por intereses de demora.
Hasta la fecha, los distintos tribunales han ordenado el embargo cautelar de activos soberanos de España como la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica de la Generalitat de Cataluña o una cuenta bancaria. También parte de los derechos de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige valorada en más de 900 millones de euros,
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