Montero contra el PP, la compleja hoja de ruta de los Presupuestos tras el varapalo en el Senado
Un segundo rechazo del Senado obligaría al Gobierno a hacer el proyecto de Presupuestos con la última senda aprobada. La peculiaridad del caso es que ahora no hay una «última senda aprobada», porque la keynesiana Comisión Europea suspendió las reglas fiscales durante cuatro años
En abril pasado, el Gobierno envió a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad, con un déficit fiscal de 3 % del PIB para 2024 para el conjunto de Administraciones Públicas. El mismo se componía de un desequilibrio de 0,2 % para la Seguridad Social, compensado por un superávit equivalente de las corporaciones locales; las autonomías estarían en equilibrio, por lo que todo el déficit correspondía a la Administración Central.
Hace un tiempo, el Gobierno mandó al Congreso una senda de déficit (paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado) que, para 2024, incluía el mismo resultado total que el enviado en abril a Bruselas, aunque con una composición algo diferente: déficit de 0,1 % para las comunidades autónomas (CCAA) y equilibrio para las corporaciones locales (CCLL), mientras que el resultado para el gobierno central se rebajaba a 2,7 % y el de la Seguridad Social permanecía igual. El Congreso aprobó esa senda pero, hace unos días, el Senado la rechazó.
Ahora el Gobierno debe someter a la consideración del Congreso y del Senado una nueva senda. Como el Gobierno enviaría la misma, el resultado previsible sería igual: aprobación del Congreso y rechazo del Senado.
Un segundo rechazo del Senado obligaría al Gobierno a hacer el proyecto de PGE con la última senda aprobada. La peculiaridad del caso es que ahora no hay una «última senda aprobada», porque la keynesiana Comisión Europea suspendió las reglas fiscales durante cuatro años. Entonces, aparecen dos opiniones distintas.
Una es la de la ministra Montero, que afirma que el proyecto de PGE se podría hacer con la senda enviada a Bruselas en abril; dice estar avalada por un informe de la Abogacía General del Estado. El PP tiene otra opinión: un segundo rechazo del Senado obligaría a prorrogar el presupuesto vigente. Además, dudan de que exista el informe mencionado por Montero (recordemos que este es el mismo gobierno que se inventó la existencia de un «comité de expertos» durante la pandemia, por lo que la duda está justificada).
Quiero destacar otra cosa: Montero, criticando al PP, dijo que su rechazo en el Senado «castigaba» a autonomías y municipios, porque en lugar de tener un déficit fiscal combinado de 0,1 % (déficit de ese porcentaje de las primeras y equilibrio de los segundos, como proponía el gobierno en la senda rechazada), tendrían que tener un superávit fiscal combinado de 0,2 % (equilibrio en las CC.AA. y superávit de esa proporción en las CC.LL., como se incluía en la senda de abril). La diferencia son tres décimas, pero equivalen a unos 4.500 millones de euros que autonomías y municipios no podrían gastar.
¿Es eso un «castigo» a autonomías y municipios? En absoluto; es lo que conviene a las familias españolas, que normalmente están en equilibrio o incluso en superávit, porque no gastan más de lo que ingresan. Lo increíble es que, con total descaro, la ministra crea que lo que es normal para las familias sea un «castigo» para autonomías y municipios.
Ningún castigo. El supuesto problema es que los políticos tendrían que hacer un ajuste mínimo y podrían gastar menos, que es lo que más les gusta. Pero ese es un problema para los políticos, no para las familias, que son las que pagan impuestos para financiar el derroche estatal.
Cuando, como en España, el gasto público supera la financiación de los servicios públicos esenciales, se convierte en un mecanismo de empobrecimiento (obliga a transferir más recursos del sector privado al sector público), limitación de la libertad individual (por el mismo motivo) y transferencia de poder desde los ciudadanos a los políticos. Por eso, lo que más nos interesa a los ciudadanos es limitar el gasto público y que los políticos se adapten a las mismas normas con que viven las familias: el equilibrio presupuestario.
Difícil que lo entienda la dirigencia del PSOE, que cree que «el dinero público no es de nadie». Los demás, al menos, tengamos claro que limitar el gasto público solo «castiga» a los políticos, pero no a nosotros, que somos los que pagamos la cena aunque sin derecho a elegir qué se pide para comer.
- Diego Barceló Larran es director de Barceló y asociados @diebarcelo
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