El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
El cupo catalán: ¿puerta de entrada para el retorno de empresas y de grandes patrimonios, o al revés?
El cambio en la legislación podría permitir bajar los impuestos, pero los partidos mayoritarios no se han mostrado excesivamente a favor hasta ahora
Las más de 8.000 empresas que han abandonado su sede social en Cataluña en los últimos cinco años podrían ver una ventana abierta para el retorno si la Generalitat les ofrece unas buenas condiciones para hacerlo, y esa vía podría abrirse con la propuesta del cupo catalán.
El gobierno de Pere Aragonés empuja para conseguir recaudar y gestionar todos sus impuestos, una situación que le permitiría obtener unos ingresos de 52.000 millones de euros, algo más del doble de lo que gestiona en la actualidad procedente de los impuestos. Con el aumento de la recaudación, la Generalitat podría utilizar su autonomía fiscal para reducir los impuestos y así atraer empresas y grandes patrimonios. Sería una estrategia distinta a la utilizada hasta ahora sin éxito, en la que básicamente Junts ha hablado de incentivar fiscalmente el retorno de las empresas o multarlas si no vuelven, y ERC rechaza tanto multar a las empresas como incentivarlas para que vuelvan, pues no sería justo con las que se quedaron.
El gobierno catalán tendría esta posibilidad de cambiar de opinión. Aunque no parece que vaya a hacerlo, sería coherente con un intento de retorno de las empresas. Como reconoce el Inspector de Hacienda del Estado José María Peláez, las empresas irán donde paguen menos impuestos, dentro de la legalidad vigente, aunque no se puede hacer cualquier cosa. Las vacaciones fiscales que se pusieron en marcha en el País Vasco fueron sancionadas hace diez años con 30 millones de euros por parte de Bruselas.
El diseño y la puesta en marcha de incentivos podría ser un reclamo para el retorno de las empresas, pero el ambiente político y otras cuestiones no juegan a favor de Cataluña. Las grandes compañías han señalado reiteradamente que no tienen ningún interés en volver por la inseguridad que produce la deriva nacionalista, pero además se sumarían otros factores propiciados por la soberanía fiscal. «Si se fracciona la agencia tributaria catalana, perderemos la información de las empresas que están allí», indica Teresa Benito, vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Las compañías que tuvieran su sede en Cataluña escaparían del ojo perseguidor de la Hacienda estatal, un fenómeno que dicen que ya ocurre en el País Vasco: «Es un agujero negro. No tenemos información, y eso perjudica la lucha contra el fraude», señala Peláez.
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