El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo
Renfe exige 116 millones a Talgo por retrasos en los trenes Avril: una polémica con impacto industrial y financiero
La penalización incluye el incumplimiento contractual, una reclamación adicional por lucro cesante y un contexto empresarial marcado por ofertas de compra y tensiones geopolíticas
Renfe reclama 116 millones de euros a Talgo por incumplimiento en los plazos de entrega de los trenes Avril, cuya entrada en servicio se retrasó más de dos años respecto a lo estipulado en el contrato firmado en 2016. Según fuentes jurídicas consultadas, la empresa pública ha iniciado la ejecución de las penalizaciones contractuales mediante la retención de pagos pendientes a Talgo, basándose en un informe jurídico que respalda la obligatoriedad de dicha medida.
El conflicto surge debido a que los trenes, adjudicados por 1.281 millones de euros (1.491 millones si se incluye el mantenimiento), debían entregarse en enero de 2021 para operar en rutas de alta velocidad como Madrid-Galicia y Madrid-Asturias. Sin embargo, las primeras unidades se entregaron en abril de 2024, comenzando su servicio regular el 21 de mayo, con siete trenes aún pendientes de entrega.
Además del importe inicial de la penalización, Renfe tiene previsto reclamar 50 millones adicionales en concepto de lucro cesante, así como 80.000 euros diarios por los retrasos acumulados hasta la entrega final.
La carta enviada a Talgo desestima las justificaciones ofrecidas por la compañía, que atribuyó las demoras a factores como interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia de COVID-19 y a eventos geopolíticos internacionales. Fuentes próximas a Renfe aseguran que Talgo no ha logrado demostrar que estas circunstancias constituyan fuerza mayor que justificara la paralización de la producción.
Tren AVE de Renfe.
La situación se complica por los problemas técnicos que los trenes Avril han presentado desde su puesta en funcionamiento, incluyendo averías y retrasos significativos durante los meses de verano. Esto ha intensificado la presión sobre Talgo, que atraviesa un momento delicado tras la prohibición por parte del Gobierno español de una oferta de compra presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon, alegando razones de seguridad nacional.
En este contexto, la compañía vasca Sidenor ha manifestado interés en adquirir un 29,9 % del capital de Talgo, en negociaciones con Trilantic, principal accionista, y con otros socios como la familia Abelló.
Tren de Talgo en Alemania.
También se baraja la participación del fabricante polaco Pesa, que podría aportar capacidad industrial complementaria. El papel de la SEPI, sociedad pública que podría intervenir para garantizar la españolidad de Talgo, se perfila como un factor clave en el futuro de la empresa, considerada estratégica por el Gobierno.
La controversia alrededor de los Avril no solo afecta la relación entre Renfe y Talgo, sino que también pone de manifiesto las dificultades de la industria ferroviaria española para mantener su competitividad en un mercado globalizado y tecnológicamente exigente.
A pesar de contar con una cartera de pedidos que supera los 4.000 millones de euros, Talgo enfrenta desafíos para consolidar su posición en el sector. El desenlace de este conflicto y las decisiones sobre su estructura accionarial tendrán un impacto crucial en su futuro.
