El Gobierno maniobra para evitar que el fracaso de su reforma de pensiones active un nuevo hachazo fiscal

El Gobierno está estudiando una modificación del sistema de evaluación sobre la sostenibilidad de las pensiones que exigió Bruselas para evitar que se active la subida de cotizaciones que establece la reforma de Escrivá. Se trataría de un trampantojo para evitar incrementos por el exceso de gasto de la Seguridad Social y el déficit crónico que arrastra.

La reforma de las pensiones de José Luis Escrivá dio luz verde a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para que publicara a partir de marzo de 2025, y con una periodicidad trianual, un informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas sobre el PIB en base a tres supuestos:

· Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7 % del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15 % del PIB.

· Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es superior al 1,7 % del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15 % del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7 %.

· Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7 % del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15 % del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7 %.

En caso de producirse alguna diferencia, el Gobierno negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta para corregir ese exceso del gasto en pensiones «a través de un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas».

La fórmula se articularía en un proyecto de ley para su entrada en vigor al año siguiente o, en su defecto, a través de un incremento de la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas o se corrija el exceso de gasto.

El Informe de Envejecimiento adelantó un desfase en el sistema del 0,8 % del PIB, equivalente a 11.695 millones de euros, un cálculo provisional que se cerrará con el informe de la AIReF. Así, si la diferencia entre la proyección de gasto y el impacto de las nuevas medidas de ingresos supera el 13,3 % del PIB, será necesario tomar medidas adicionales.

El frágil equilibrio político en el que se mueve el Gobierno invita a pensar que será imposible llegar a un acuerdo parlamentario y se acabará activando el incremento de las cotizaciones. Tras las subidas del IRPF y del MEI –que este año será del 0,8 % a dividir entre empresa y trabajador– y la nueva cuota de solidaridad, al Ejecutivo le sería complicado justificar otro aumento de las cotizaciones.

Para evitarlo, el Gobierno estaría preparando un real decreto para modificar los criterios de la evaluación de la AIReF de manera que se recojan como ingresos las transferencias que hace el Estado de impuestos a la Seguridad Social, según adelantó El País.

Las transferencias corrientes son aquellas que implican una distribución de renta para ser usadas en la financiación de operaciones corrientes no concretaras; es decir, entregas a fondo perdido. Según los datos de la Seguridad Social, el pasado año recibió 38.722,86 millones de euros procedentes de transferencias corrientes, de los cuales 19.888 millones corresponden a la reevaluación del Pacto de Toledo que se realizó en 2020. Con ese concepto de ingresos, el Ejecutivo lograría mitigar el exceso de gasto en unas décimas a través de una doble contabilidad que provocaría un déficit adicional.

Lo que no se puede ocultar es el fracaso de la reforma a la hora de garantizar la sostenibilidad ya que supone incorporar como partida de ingreso para la Seguridad Social lo que es en realidad un gasto para el Estado. De hecho, en los dos últimos años, el Gobierno se ha esforzado en vender un aumento en el fondo de reserva de las pensiones a pesar de que la deuda de este organismo se ha disparado hasta los 126.176,5 millones de euros al cierre de 2024, un 206,3 % más que en 2018.

Artificio contable

El último informe del Instituto Juan de Mariana sobre endeudamiento alertaba de que la situación financiera de la Seguridad Social, «refleja una realidad maquillada por las transferencias» a través de un «artificio contable». En él, advertía que si de acuerdo con las cifras oficiales de 2023 el déficit se situaba en el 0,6 % del PIB, unos 8.200 millones, esta cifra tenía en cuenta las transferencias presupuestarias y las operaciones de endeudamiento «con las que se está enmascarando la verdadera situación de la caja de las pensiones».

«Si clarificamos la situación, encontramos que los números rojos reales del sistema ascienden al 3,8 % del PIB, lo que supone cerca de 56.000 millones de euros de saldo negativo», señalaba el estudio. Es decir, el sistema tiene un déficit real siete veces por encima de lo que dice el Gobierno.