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Análisis económicoJosé Ramón Riera

El 46 % de los afiliados a la Seguridad Social se encuentran en estado de precariedad

El comunismo rancio de Yolanda Díaz no trata de que los actuales trabajadores vivan mejor, sino de perjudicar a las pequeñas y medianas empresas

Actualizada 04:30

Mi amigo Josep María Francás, con el que comparto tertulia en Dando Caña, que dirige en El Toro TV con manos de hierro y guante de seda la periodista gallega Alba Vila, no para de pedirme que haga un análisis de precariedad en los contratos que tiene nuestro actual modelo de empleo.

Aunque sabía que los datos que iba a obtener no eran buenos, no pensé que fuesen tan malos. Se nos viene encima, si Junts o PNV no lo remedian, un Decreto ley que puede provocar una explosión de nuestro modelo de empleo.

Hay ya grandes empresas que han negociado en sus convenios laborales reducciones de jornadas, el modelo de teletrabajo y otras muchas medidas sociales que nadie discute que favorecen al empleado, siempre y cuando el empleador lo pueda asumir.

Este decreto, propuesto por el comunismo más rancio sin negociar con las patronales, implica que, en caso de ser aprobado, muchas pequeñas empresas pueden verse abocadas al cierre por no poder pagar un nuevo empleado que cubra las horas reducidas por el decreto y, desde luego el que lo aguante, no va a generar un contrato fijo indefinido a tiempo completo, que es el contrato que garantiza todos los derechos del trabajador y no le coloca en un estado de precariedad.

«La precariedad, en lugar de reducirse, va a seguir subiendo»

El comunismo rancio de Yolanda Díaz, esta vez sin la colaboración de Podemos, no trata de que los actuales trabajadores vivan mejor, sino de perjudicar a las pequeñas y medianas empresas de este país, que necesitarán contratar nuevos empleados, sino se verán obligados a un cierre empresarial, pero no tiene en cuenta que el empleo que se genere, si es que se genera, será de muy baja seguridad en la continuidad.

Es más, cualquier baja voluntaria, de un contrato fijo a tiempo completo, nunca será sustituido por otro igual, teniendo la posibilidad de hacer un contrato fijo discontinuo, o un contrato indefinido a tiempo parcial y de reajustar la parcialidad del último que ha entrado en la empresa.

Que esto suceda en un país donde la mayoría de los contratos sean sin precariedad, quizás todavía se podría aguantar, porque la transformación a la precariedad es un proceso largo, pero en nuestro país donde el 46 % de los contratos que tenemos son de precariedad es querer desconocer la realidad de como funciona nuestro sistema actual.

Para poder explicar lo que nos está pasando he cogido el resultado de enero de 2025 que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y he elaborado una tabla en la que diferencio entre contratos indefinidos a tiempo completo, los funcionarios públicos y esto dos contratos los considero pata negra, dado que a efectos de la seguridad son lo mejor que tenemos en nuestro sistema.

A partir de aquí, añado los contratos indefinidos a tiempo parcial, los contratos temporales, los contratos de formación y prácticas y los otros, siendo estos últimos los contratos referidos a empleados de hogar o los de los regímenes especiales, agrarios, del mar y del carbón y el resultado es el siguiente:

Según el Ministerio de Seguridad Social y su estadística hay 1.556.592 funcionarios de carrera y, por lo tanto, debe haber unos 2 millones de empleados públicos con contrato laboral indefinido a jornada completa.

Para mí, la gran sorpresa es que en España solo el 46,5 % de los afiliados a la Seguridad Social, incluidos esos 2 millones que trabajan para la Administración Pública (la Central, la Autonómica y la Local) suman en total 9,8 millones y, por lo tanto, de los 20.990 millones de afiliados a la Seguridad Social, solo 11,32 millones tienen contratos sin precariedad.

Lo cual nos lleva a que 9,67 millones de afiliados está con contratos de mayor o menor precariedad, pero no son contratos de los que no dan estabilidad a una economía.

Si a esto le añadimos el riesgo de la reducción de la jornada laboral, lo que podemos garantizar ya, a priori, es que cualquier nuevo contrato que se realice por motivos del nuevo decreto ley va a incrementar la precariedad de los trabajadores, porque como la ley está para cumplirla, los contratos serán de fijos discontinuos, que realmente son parados discontinuos o, como mucho, serán indefinidos a tiempo parcial.

Yolanda Díaz y el Consejo de Ministros podrán hacer el pino o dar vueltas de campana para celebrar lo aprobado, veremos si este decreto llega a publicarse en el BOE y, en caso de que suceda, veremos como poco a poco la precariedad, en lugar de reducirse, va a seguir subiendo.

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