Sánchez traspasa a Cataluña y País Vasco el control de los funcionarios que podrían frenar otro 1-O desde los ayuntamientos

Fuerte malestar entre secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local por su traspaso encubierto a Cataluña y País Vasco. Asociaciones profesionales que agrupan a estos colectivos denuncian que el traspaso no solo debilita la estructura administrativa de las entidades locales sino que también contribuye a terminar de dinamitar la presencia del Estado en ambas comunidades autónomas.

El traspaso a Cataluña de las competencias de selección y provisión de estos funcionarios, denominados Habilitados Nacionales, fue pactado el pasado 24 de febrero en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado. En el caso de País Vasco, se incluyó como enmienda en la Ley Orgánica de medidas de eficiencia de la justicia, aprobada a principios de este mismo año, tras haberlo tumbado inicialmente el Tribunal Constitucional.

En ambos casos la reivindicación del traspaso viene de largo por parte de los grupos nacionalistas e independentistas. Estos empleados no solo velan por los intereses de todos en los municipios, sino que son quienes, en último extremo, pueden frenar el mal uso de recursos públicos hacia fines que nada tienen que ver con el bien común.

«Los habilitados nacionales son una garantía de mínimo control del Estado en los municipios», resalta Alberto Bravo, portavoz de Fedeca y vicepresidente de Apsital, la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Este colectivo, subraya, «ya controló que no se destinaran fondos a actividades irregulares» en octubre de 2017.

«Junts lleva desde 2022 pretendiendo que desaparezcamos en Cataluña», añade Rafael Santiago, vicepresidente de Cosital, el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. «En 2024 presentaron otra proposición de Ley para reformar la ley de bases de régimen local, que tampoco prosperó, y este año, para retirar la cuestión de confianza, lo incluyeron en la comisión mixta de transferencias», explica Santiago, que critica que el Gobierno en ningún momento ha hablado con el colectivo.

Desde Fedeca, asociación que integra a Apsital y a Cosital, consideran que la selección única a nivel nacional «no solo es más eficiente, además de un mandato constitucional, sino que también garantiza una exigencia homogénea para quienes deben ejercer las mismas funciones, además de su imparcialidad».

Algo que, consideran, quedó patente entre 2007 y 2013, cuando la habilitación ya se puso en manos de las comunidades autónomas. El resultado fue un frenazo en la creación de nuevas habilitaciones, entre otros motivos porque las autonomías perdieron interés en forma a unos funcionarios que, posteriormente, optaban por trasladarse a otras regiones.

Otro «café para todos» trampa

El colectivo está formado actualmente por unos 4.600 profesionales, que temen además que la transferencia a País Vasco y a Cataluña incremente la presión sobre su actividad al pasar a depender de un gobierno muy cercano. «Están abriendo un problema muy serio», considera Rafael Santiago. «¿Qué ocurre con todos los funcionarios que son habilitados nacionales hasta ahora?¿Podrán salir los que tengan el título en una comunidad a otras? Si no, habrá sitios a los que no se podrá ir y de los que no se podrá salir».

Pero el principal temor, insisten, es pasar a depender de un gobierno excesivamente cercano como las comunidades autónomas. «Nosotros, al ser habilitados estatales, no nos vamos a dejar manipular. Por eso hay determinadas funciones que hasta ahora eran estatales», subraya Rafael Santiago.

«Al ser habilitados nacionales no nos vamos a dejar manipular»

«Precisamente por eso se decidió hace más de cien años que la habilitación fuera nacional», recalca Alberto Bravo, de Apsital. El colectivo teme además que, para tratar de hacer pasar el traspaso a Cataluña y País Vasco, el Gobierno lo haga pasar como otro ejemplo de «café para todos», terminando de fragmentarlos, en un movimiento similar a lo que ha ocurrido con la quita de deuda. «Hay autonomías que ya han dicho que no lo van a aceptar, como Murcia, pero otras como Castilla La Mancha que lo están estudiando», adelanta.