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Antonio Garamendi y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez.

Antonio Garamendi y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez.EP

Cursos, sedes y órganos consultivos: así mueve CEOE sus hilos en las elecciones de Cepyme

Las elecciones del próximo 20 de mayo en Cepyme no solo marcarán el futuro de la patronal de la pequeña y mediana empresa, sino que se han convertido en un plebiscito sobre el propio modelo de Antonio Garamendi en la CEOE. Esta organización empresarial está moviendo sus hilos para garantizar la victoria de la candidata ‘oficialista’, Ángela de Miguel, frente al actual presidente Gerardo Cuerva a través del voto delegado.

En Cepyme, la delegación del voto no tiene límite. Esto significa que uno solo de los 505 vocales que representan a las 147 organizaciones territoriales y sectoriales con derecho a voto podría, en teoría, ejercer los votos de los 504 restantes. Cuerva intentó sin éxito limitar esta posibilidad a seis delegaciones —como ya ocurre en CEOE y ATA—, pero la negativa de su ejecutiva y la imposibilidad de ratificar el cambio en la asamblea frenaron la propuesta.

Este sistema de votación juega en favor de la candidata respaldada por Garamendi, gracias a la red de dependencias internas que la CEOE mantiene con muchas de las organizaciones que forman parte de Cepyme. Aunque esta última se define como una entidad «libre e independiente de ámbito nacional», en la práctica no goza de autonomía plena. Esa falta de independencia está siendo utilizada por la cúpula de la CEOE para concentrar el poder del voto.

Según ha podido saber El Debate, esta organización se ha puesto en contacto con patronales territoriales y sectoriales para solicitar la delegación de su voto a cambio de mantener los nombramientos de mantener su presencia en las comisiones y órganos consultivos, capitales para su supervivencia. Las comisiones son las áreas de trabajo de la patronal en distintas materias que van desde Economía y Fiscalidad hasta Seguridad y Defensa y son las encargadas de servir de apoyo y servicio para el tejido empresarial. En definitiva, permiten mayor acceso a los interlocutores del Estado.

Los órganos consultivos, en cambio, suponen una inyección económica. Participar en estos órganos implica una remuneración que, en muchos casos, es fundamental para organizaciones más pequeñas. Y no es una cantidad baladí: en 2024, la CEOE recibió 11,6 millones de euros del Ministerio de Trabajo por su participación en el diálogo social y la negociación colectiva y otros 4 millones como compensación por su participación en órganos consultivos. Estos puestos dependen directamente de presidencia.

Otro punto de presión son las sedes. El patrimonio sindical de las organizaciones adscritas a Cepyme pertenece a la CEOE, lo que derivó –como denunció Cuerva en su momento– en amenazas de desahucio si no se apoya a la candidata oficialista.

También las subvenciones para cursos de formación suponen un aliciente económico. El pasado año, el SEPE adjudicó a la CEOE una subvención de 4,7 millones de euros correspondientes al Plan de formación de Diálogo Social y Negociación Colectiva 2024/2025. Estas formaciones se programan en la Escuela de Negociación Empresarial a través de jornadas, acciones formativas y talleres en las que participan las distintas patronales. Además, se da la circunstancia de que algunas organizaciones se encuentran en quiebra y dependen completamente de las partidas que aporta la CEOE.

Fuentes empresariales apuntan a que estas comunicaciones para delegar el voto proceden de los directores de la CEOE, Inma Benito y Javier Calderón, ‘fontaneros’ del secretario general José Alberto González-Ruiz Martinez. También la exministra Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, se habría puesto en contacto con las patronales territoriales y sectoriales para garantizar el apoyo a De Miguel.

Neutralidad institucional

Estas maniobras han generado un profundo malestar en el entorno de Cuerva, que interpreta la actuación de la CEOE como una vulneración de la neutralidad institucional que se le presupone. Aun así, fuentes cercanas a su candidatura estiman que el daño será limitado: calculan una pérdida de entre el 25 % y el 30 % de apoyos, insuficiente –dicen– para garantizar la victoria de De Miguel.

Según explican, el respaldo de las organizaciones territoriales está muy dividido, pero en el plano sectorial Cuerva contaría con mayor ventaja. Además, afirman que existe una bolsa importante de voto oculto, especialmente entre aquellas organizaciones que han declarado públicamente su apoyo a la candidata oficialista, pero que podrían inclinarse por Cuerva en la votación. El 20 de mayo se sabrá si estas previsiones eran acertadas.

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