​Canarias se moviliza contra el turismo, que supone el 35,5 % de su PIB y el 39,7 % del empleo

El pasado domingo, más de 23.000 personas salieron a las calles en distintas islas del archipiélago canario para denunciar el impacto del turismo masivo. Convocados por colectivos sociales y ecologistas, los manifestantes reclamaban un modelo económico más justo y sostenible bajo el lema Canarias tiene un límite.

Las protestas se concentraron en Tenerife y Lanzarote, aunque también se escucharon consignas contra los vertidos contaminantes y en favor de los derechos de los inmigrantes. «No es posible que, con 18 millones de turistas y récords de facturación, el 34 % de la población canaria sufra umbrales de pobreza», advertía Mario Marrero, portavoz de Ecologistas en Acción.

Las cifras respaldan el auge turístico. En 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, Canarias recibió 15,2 millones de visitantes, un 9,1 % más que el año anterior. Aunque el crecimiento fue algo inferior al promedio nacional (10,1 %), el archipiélago fue la segunda comunidad autónoma con mayor gasto turístico: 22.975 millones de euros, solo por detrás de Cataluña. Y 2025 no parece que vaya a cambiar la tendencia. En el primer trimestre, ya han llegado 4,4 millones de turistas, con un gasto total de 6.864 millones.

Con este volumen, no sorprende que la economía canaria dependa del turismo. Según Exceltur, patronal del sector, en 2023 representó el 35,5 % del PIB de la comunidad y generó el 39,7 % del empleo. A escala nacional, esas cifras son del 12,3 % y el 11,6 % respectivamente. Solo Baleares supera estos porcentajes.

Pero este peso no se refleja en el bolsillo de la población. Canarias sigue entre las comunidades más pobres: ocupa el quinto lugar por la cola en PIB per cápita y es la segunda con los salarios medios más bajos del país, solo por encima de Extremadura.

Una de las claves está en la fuga de ingresos. Expertos del Gobierno canario estiman que entre el 30 % y el 55 % del gasto turístico termina fuera del archipiélago ya que buena parte de las grandes cadenas hoteleras y aerolíneas no tributan allí. Por ejemplo, solo Vueling opera dentro de la Zona Especial Canaria (ZEC), un marco fiscal que permite ventajas impositivas a las empresas que se instalan en el territorio.

Y lo cierto es que Canarias tiene uno de los sistemas fiscales más atractivos de Europa. Como región ultraperiférica, cuenta con un régimen propio: el impuesto de sociedades es del 4 %, los dividendos están exentos de retención y el impuesto indirecto –equivalente al IVA– es del 6,5 %, frente al 21 % peninsular.

Pese a estos incentivos, los intentos por diversificar la economía han sido tímidos o poco exitosos. El Gobierno ha apostado en los últimos años por sectores como el audiovisual, las energías renovables, la gestión de residuos, las TIC o la logística. Pero ninguno ha despegado con fuerza.

La estructura empresarial tampoco ayuda. Según la Confederación Canaria de Empresarias, los servicios han ganado aún más peso desde la crisis de 2008: del 79,6 % de la actividad, entonces han pasado al 86,5 % en 2023. Mientras tanto, la industria y la construcción han ido perdiendo protagonismo.

Más de la mitad de las empresas registradas en Canarias no tienen asalariados

Además, más de la mitad de las empresas registradas en Canarias no tienen asalariados. Y si se suman las que emplean hasta cinco trabajadores, el porcentaje se dispara hasta el 91,1 %. Un tejido empresarial fragmentado, de pequeño tamaño y escasa productividad.

Desde la patronal canaria insisten en la necesidad de actuar a través de mayor formación para los trabajadores, mejor gestión de fondos europeos y una reforma del Régimen Económico y Fiscal que mantenga los incentivos, pero los haga más eficaces. «Debemos proteger nuestro diferencial fiscal frente a decisiones del Gobierno central o de la UE, y reducir la burocracia que frena la inversión y la creación de empresas», reclaman.

Mientras tanto, la sociedad canaria parece caminar en otra dirección, como ocurrió entre 2011 y 2015, cuando Repsol tanteó la posibilidad de extraer petróleo cerca del archipiélago. La presión ciudadana llevó al Gobierno autonómico de Paulino Rivero a posicionarse en contra. Hoy, una nueva ola de protestas amenaza con poner en cuestión la que muchos consideran la gallina de los huevos de oro.