Deuda y gasto incontrolado: la receta de Pedro Sánchez hacia la crisis

Mirar a la economía en momentos de crisis, puede parecer un refugio o una frivolidad pero, como ya se imaginan, en este caso lo frívolo sería no hacerlo. Y la razón es que hay suficientes indicadores como para mirar hacia otro lado y creernos las patrañas de Pedro Sánchez de que nuestra economía va como un tiro. Vamos con los datos.

Desde que es Presidente Pedro Sánchez se ha incrementado la deuda pública en casi medio billón de euros. El endeudamiento español sigue adelante –son datos del pasado mes de mayo– con un fuerte incremento que comprometerá nuestra economía a medio y largo plazo. En marzo, la deuda creció en 21.263 millones de euros. En abril, descendió a 8.675 millones, pero por un mero efecto de decalaje entre amortizaciones y refinanciaciones. Ya en mayo la deuda ha seguido creciendo a niveles similares de marzo.

Al cierre de febrero de 2025 la deuda pública de España había alcanzado un máximo histórico, situándose en 1,646 billones de euros según datos del Banco de España. Desde que es presidente del Gobierno Pedro Sánchez –mayo de 2018– la deuda ha aumentado en más de 450.000 millones de euros. Cuando llegó al poder la deuda pública estaba en 1,196 billones de euros. Siete años después, ni siquiera la recuperación económica posterior a la pandemia ha logrado frenar este brutal crecimiento. Mientras tanto, al margen del gasto, seguimos sin hacer ninguna reforma que impulse la economía nacional.

El crecimiento exponencial de la deuda ha sido el resultado directo de una política económica expansiva basada en el aumento del gasto público sin control y una fuerte dependencia del endeudamiento. Pero ¿dónde se ha ido el dinero? Pues fundamentalmente a tres partidas.

En primer lugar a las pensiones que este año, tras sucesivas revalorizaciones automáticas ligadas al IPC, superarán los 200.000 millones de euros. Un disparate. El segundo agujero ha sido la contratación de funcionarios, que también se ha incrementado, con récords en la oferta pública de empleo. Por último, también ha crecido el gasto autonómico. Hasta febrero de 2025, las comunidades acumulaban 336.051 millones de euros en deuda, un 2,5 % más que el año anterior. Cataluña y Valencia se han llevado la palma, lejos de los controles que hasta ahora se habían implementado.

¿Y de dónde sale el dinero? Pues de Europa. España ha sido uno de los países que más fondos ha recibido del Plan de Recuperación de la Unión Europea, los famosos Next Generation. Sin embargo, muchos de los informes de los expertos –también de los europeos– señalan que el uso de estos fondos ha estado más orientado a cubrir gasto corriente que a transformar el modelo productivo.

El déficit público sigue por encima del 3 %, y los ingresos fiscales no compensan el gasto estructural acumulado

Pedro Sánchez insiste en que el endeudamiento ha sido necesario para «proteger a los más vulnerables», pero la realidad es que un modelo de crecimiento basado en gasto y deuda pública es insostenible con un Gobierno sin presupuestos. El déficit público sigue por encima del 3 %, y los ingresos fiscales no compensan el gasto estructural acumulado.

Toda esta información del Banco de España contrasta con las palabras de José Luis Escrivá de esta semana, en las que aseguró que el organismo que preside no tenía capacidad para hacer un análisis sobre pensiones. Con esta afirmación tan novedosa y falsa solo quería justificar la ausencia de un análisis mínimo sobre las pensiones en el informe anual relativo a 2024, publicado por el organismo la semana pasada.

El exministro y gobernador aseguró en plena polémica sobre el informe y la dimisión del director de Economía del Banco, Ángel Gavilán, que el Banco de España «debería evitar opinar sobre cuestiones en las que no tiene un análisis propio (…) Obviamente el Banco puede entrar a dar su opinión, pero ni de lejos tiene capacidad de información técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones».

Como opiniones hay muchísimas, la suya debería ser una más. Y solo una; pues cada vez está más solo entre los expertos y economistas del Banco

Preguntado por los medios de comunicación, el gobernador se remitió al informe publicado en marzo por la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo que –según él– ha hecho un trabajo «extraordinario» a la hora de evaluar su reforma: «Se han hecho recomendaciones en varios ámbitos en los que se ha hecho un análisis profundo. El banco recoge el análisis de la AIReF porque no tenemos valor añadido». Y con eso se ha quitado el problema de tener que advertir al Gobierno sobre la inviabilidad de las pensiones.

Se le olvidó decir a Escrivá que el documento aprobado por la AIReF debe ser el único informe que apoyaba la reforma de las pensiones de Escrivá. No así el de los expertos del Banco de España que fueron durísimos con el proyecto que el entonces ministro propuso. Pero en este juego de olvidos y despistes, es decir, de citar lo que me conviene donde me conviene, Escrivá no citó en ese mismo informe de la AIReF –organismo creado por el Gobierno– su advertencia sobre el empeoramiento de la sostenibilidad del sistema tras la reforma. Una opinión que el Banco de España si rebatió al añadir que el gasto en pensiones se situó por debajo de las previsiones de la autoridad fiscal. Pero la traca final de Escrivá fue la mejor, sobre todo cuando dijo que «entrar en el mundo opinativo sin evidencia no es útil» y que por eso el Banco de España debería evitar opinar sobre cuestiones sobre las que no haya hecho un análisis profundo. «Opiniones hay muchísimas, pero el plano opinativo no es muy útil». Le faltó entonces a alguno de los presentes señalar que, como opiniones hay muchísimas, la suya debería ser una más. Y solo una; pues cada vez está más solo entre los expertos y economistas del Banco.

Pero no todo está perdido. Escrivá defendió que su banco pueda opinar, por ejemplo, sobre la necesidad de la calidad del funcionamiento de las políticas públicas, como las de empleo. Debe ser que le han pasado un dossier sobre el rendimiento laboral o productividad de Jésica Rodríguez y otras trabajadoras públicas; y no va a tener más remedio que emitir un informe ad hoc. En Moncloa les ha entrado la risa floja.