La administración central tiene 450 organismos, muchos chiringuitos llenos de amigos

Esto que voy a explicar a continuación es una de las aberraciones más espectaculares que he visto en mi vida profesional. Nos encontramos, posiblemente, ante uno de los sistemas de clientelismo y de gasto político más importante que puede tener nuestro sistema.

No significa que todo lo que voy a explicar, aportando los correspondientes datos, sea puro despilfarro y hasta puede que haya muchos de los Organismos que son absolutamente necesarios y que, al generalizar, de la sensación de que estamos ante una bolsa de fraude autorizado y promovido por nuestros políticos.

Pero que, sin duda alguna, hay muchos de estos entes que no son necesarios, que los estamos manteniendo porque cerrarlos es muy complicado para políticos acostumbrados a vivir del cuento y que dicen mantenerlos porque hay contratos que no se pueden romper, sin asumir unos costes o penalizaciones, como sucedió con el pedido de balas para una empresa de Israel que se canceló por motivos políticos, que no económicos, y que nos ha costado 15 millones de euros en penalizaciones.

Pero si no se exige su cierre inmediato desde la Sociedad Civil y se colocan encima de la mesa cosas como estas, se piden explicaciones, esto nunca se va a arreglar. Estamos ante el verdadero cáncer del gasto político que tiene nuestro estado.

Estamos ante el verdadero cáncer del gasto político que tiene nuestro estado

Acabo de localizar el inventario actualizado de «unidades públicas clasificadas del Sector Administraciones Públicas», que publica la intervención General de la Administración del Estado. Sin embargo, hoy solo quiero hablar de lo que la IGAE llama: «Subsector Administración Central (S.1311) que recoge la totalidad de las unidades públicas no de mercado controladas por el Estado, incluyendo la propia Administración General del Estado».

Para que se hagan ustedes una idea de lo que estoy hablando, déjenme que les diga que en esa categoría y de acuerdo con el informe que emite la IGAE hay en total:

Efectivamente 450 entidades, entre las que se encuentra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, más conocida como la Agencia Tributaria o ADIF que es capaz de contratar a las primas de Ábalos, pero también hay entidades del tipo:

Si quieren puedo seguir poniéndoles chiringuitos que se crearon con la voluntad de hacer algo, se han mimetizado en la Administración Central, siguen ahí, los seguimos manteniendo y pagando y, lo que es peor, seguro que al frente hay algún amigo de algún amigo de algún ministro o del presidente del Gobierno.

Para que nos hagamos una idea: El Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, debería de haber dejado de existir, pero la realidad es que sigue existiendo por la «burocracia» existente.

O el Centro Sefarad de Israel, que ha dependido exclusivamente de financiación pública. O Chiringuitos tan interesantes como el «Consorcio Casa del Mediterráneo», que es financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalidad Valenciana, los Ayuntamiento de Alicante y Benidorm, la Diputación de Alicante y que preside Andrés Perelló, que ha sido alcalde de Buñol, Diputado de la Cortes Valencianas, Senador, Eurodiputado, Embajador en la Unesco, secretario de Justicia y, como no, miembro del Comité Nacional del PSPVE-PSOE y que obviamente no se podía quedar sin nada.

Estamos ante una borrachera generalizada de mal uso del dinero público, falta de control por parte de los políticos y mal uso por parte de la Administración Central del Estado de quien dependen estas 450 instituciones, la propia IGAE, dice en su informe que 326 entidades son 100% del Estado y en 86 más la Administración Central tiene más del 50%.

Según el informe de Auditoría, realizado por la IGAE, este conjunto de organismos mantiene, quiero decir, paga los salarios a 82.107 empleados públicos.

Estamos ante un entramado institucional, demasiado amplio y muy complejo que necesita de un bisturí electrónico para ir cortando y racionalizando a efectos de reducir, primero el número de instituciones dependientes, que carecen de sentido, pero sobre todo que tienen un presupuesto de gasto, que se lo gastan y, por lo tanto, además hay que dedicar recursos, para controlarlos y auditarlos.