España suma casi 50.000 empleados públicos en solo un año
Tenemos un problema cada vez más serio, profundo y perjudicial para el futuro de nuestro país, que podría encaminarse en menos de 18 meses hacia un colapso financiero sin precedentes
El día que no nos quede más remedio que aplicar la «motosierra», será tremendamente duro para muchos. Los gastos de personal del último trimestre consolidado en nuestro país fueron de 48.071 millones de euros, lo que nos lleva a un coste medio de 63.304 euros por empleado público, incluidas las cotizaciones sociales. Esto implica un salario medio de 50.000 euros brutos anuales.
Este dato, proporcionado por Eurostat el pasado 23 de abril de 2025, supone un incremento del 4,7 % respecto al mismo periodo de 2023. Si tenemos en cuenta que este año los empleados públicos tienen derecho a una subida del 2,5 %, y suponiendo —aunque nadie lo cree— que no se incrementarán los recursos, estaríamos ante un coste salarial trimestral de 49.273 millones de euros, lo que podría llevarnos a un coste anualizado de 197.000 millones.
Los salarios públicos en 2024 se han convertido en una losa más sobre nuestros gastos totales, con el agravante de que la creciente burocratización del modelo público no genera aumentos de productividad ni mejoras en servicios esenciales como la sanidad o la educación. Tampoco contribuye a agilizar la justicia, ni a ofrecer mayor seguridad ciudadana, ni a reducir la delincuencia. Más bien, ocurre todo lo contrario.
Hace unos meses, un político en quien confío me comentaba que, de aquí a finales de 2030, podrían jubilarse alrededor de un millón de empleados públicos. Es cierto que parte de ellos deben ser reemplazados por médicos, profesores, policías, guardias civiles, jueces y fiscales. Pero, si se realizara un esfuerzo serio en digitalización de procesos y se aprovechara plenamente la tecnología del siglo XXI, sería posible reducir sustancialmente ese volumen de personal.
Sin embargo, parece que mi amigo no goza de mucho predicamento, porque los datos que acaba de publicar el Ministerio que dirige Óscar López indican un incremento de 47.422 empleados públicos entre enero de 2024 y enero de 2025, cuyo coste anualizado asciende a 3.077 millones de euros adicionales.
Nuestro país podría encaminarse en menos de 18 meses hacia un colapso financiero sin precedentes
Tenemos un problema cada vez más serio, profundo y perjudicial para el futuro de nuestro país, que podría encaminarse en menos de 18 meses hacia un colapso financiero sin precedentes.
La reducción de efectivos en las Administraciones Públicas debería ser uno de los objetivos más claros. En 2024, los salarios públicos representaron el 24 % del total del gasto público, mientras que en Alemania ese porcentaje es del 16,7 %, en Italia no alcanza el 18 %, y en Francia se sitúa en torno al 20 %.
Para que veamos donde se está produciendo el incremento de los efectivos, he preparado el siguiente cuadro:
Observamos que el incremento en la Administración General del Estado fue de 9.486 efectivos. Dentro de este grupo, Ministerios, organismos autónomos, entidades públicas, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, otros entes y universidades públicas no transferidas sumaron 3.330 efectivos más. Este aumento resulta difícil de justificar en pleno siglo XXI, ya que no incluye ningún servicio esencial.
El Ejército incorporó 1.020 militares más, la Policía Nacional 1.467 y la Guardia Civil 3.506. Ahora solo falta que se les dote del material adecuado para que puedan desempeñar eficazmente su trabajo. En el ámbito de la Justicia, se han incorporado apenas 163 efectivos más.
En las comunidades autónomas, la Administración General aumentó en 42.534 efectivos, aunque no se ha detallado la distribución por comunidad. Eso sí: para las universidades, un cero absoluto. Tampoco sabemos cuántos nuevos profesionales se han incorporado a la sanidad o a la educación no universitaria.
En los ayuntamientos y sus organismos autónomos parece haber primado cierta sensatez, ya que se ha producido una reducción de 5.310 efectivos. En cambio, las diputaciones —organismos anacrónicos que datan de 1812— aumentaron su plantilla en 712 personas. Por mucho que se insista en su necesidad, lo cierto es que no existen en comunidades uniprovinciales.
En definitiva, en todo el Estado español han aparecido, por decisión de nuestros dirigentes, 47.422 nuevos empleados públicos que dependen de los impuestos de los ciudadanos. Y a esos ciudadanos nadie les ha explicado para qué se necesitan, cuál será su función ni en qué contribuirán a mejorar los servicios que reciben. Al final, el contribuyente no tiene derecho a nada, salvo a pagar.
