Figaredo y Hernández Quero (Vox), en la redacción de El Debate
Entrevista
Figaredo y Hernández Quero (Vox): «Nosotros acabaríamos con la okupación en 24 horas»
La formación liderada por Santiago Abascal piensa que hay que dar un giro radical en la gestión de la economía y de problemas concretos como los relacionados con la vivienda
José María Figaredo (Gijón, 1988) es abogado y economista, y secretario general del Grupo Parlamentario Vox. Carlos Hernández Quero (Madrid, 1990) es doctor en Historia Contemporánea y diputado por Málaga. Ambos se han erigido como portavoces del programa de economía y vivienda que se presentó el pasado domingo en la Asamblea General Ordinaria de Vox. Les preguntamos sobre las principales medidas.
— La vivienda se ha confirmado como uno de los principales problemas para los españoles, y dentro de él la okupación supone un inconveniente importante. ¿Cómo lo afrontan?
— José María Figaredo: La izquierda trata con frecuencia este asunto como si fuera algo menor. Anualmente hay 16.000 denuncias, pero cuando a alguien le ocupan una casa, no se le ocurre poner una denuncia ante la Policía o un juzgado. Sabe que los procesos de recuperación de una vivienda son de dos años y medio. Lo primero que hace es buscar a su amigo más alto o a su primo más fuerte y tocar la puerta a ver si consigue que le devuelvan la casa. O van bajo manga y les ofrecen un dinero para que se vayan. Los abogados expertos en estos temas te dicen que no pongas una denuncia, sino que busques vías informales para resolver el conflicto. Es un problema muy grave. En la práctica se ha cargado una parte del mercado inmobiliario que tendría que estar ahí para satisfacer las necesidades de las familias.
Figaredo y Hernández Quero en la redacción de El Debate
— ¿Cómo resolverían este problema?
— Carlos Hernández Quero: En primer lugar, con un endurecimiento del Código Penal, incluyendo un delito relacionado con esta cuestión. Luego, por supuesto, acabando con cualquier medida que haga que el propietario tenga que seguir pagando el IBI o los suministros a los okupas. Y después poniendo en marcha medidas para desalojar en veinticuatro horas a las personas que han ocupado la casa.
— JMF: Esa última es la fundamental: desalojo en veinticuatro horas contra muestra del título de posesión de la vivienda por parte de la Policía. Si usted no tiene el contrato de venta ni el de alquiler, fuera de aquí. No puede valer el ticket de Glovo. Tenemos que volver a la seguridad jurídica.
Este Gobierno tiene los peores datos que ha habido en relación con la vivienda
— En Vivienda proponen ustedes un mix de medidas liberales relacionadas con el suelo y otras de vivienda protegida.
— CHQ: En el programa explicamos cómo el actual Gobierno dice que la vivienda es el quinto pilar del Estado de Bienestar mientras prevé un presupuesto de 4.000 millones para ella y a subvenciones destina 32.000 millones. Este Gobierno prometió 184.000 viviendas en 2023 y no ha hecho ni una. Tienen los peores datos de falta de oferta, tolerancia con la okupación, datos históricos de retraso en la emancipación... Desde el año 2020, que es cuando empiezan de verdad las regulaciones fuertes con el decreto 11/2020, la oferta ha disminuido un 50,6 % en cinco años. Y en 2023, cuando se aprueba la Ley de Vivienda, empiezan a distanciarse los sueldos de los españoles de los precios de la vivienda. No creo que sea algo antitético liberalizar suelo y hacer vivienda protegida. En otros momentos de nuestra historia, en nuestro país se ha ampliado la superficie disponible edificable y se ha acelerado la transformación del suelo para acabar con la lógica especulativa de que lo retenga la Administración. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que tenemos una sociedad cada vez más precarizada que no puede permitirse alguno de los precios del mercado libre. Hay una fórmula que en España ha existido desde los años 50, y que es la vivienda protegida. Hay que buscar cuáles son las mejores fórmulas de cooperación público-privada y ver cómo ampliar el número de propietarios. Creemos que es un bien en sí mismo, y que no solamente es un bien para los agraciados. Con esas ayudas que se puedan dar y ese dinero que esas familias no tienen que destinar a comprar una casa, pueden consumir, emprender, montar una empresa o mejorar la educación de sus hijos. Estas políticas también las hicieron en Grecia, Portugal, Malta... Pero en España la propiedad ha pasado a ser un lujo en la segunda mitad del siglo XX. Tener dos propiedades en los años 90-2000 era habitual, pero ahora nos parece una auténtica quimera. No podemos pensar que ya se había alcanzado un estado de máximo bienestar y ahora hay que hacer una gestión paulatina del retroceso. Hay que encontrar cuáles fueron las rutas acertadas que nos permitieron llegar a ese punto. Algunas tienen que ver con medidas que alguien diría que son liberales, como ampliar el suelo, regular menos, y otras con medidas que ayuden a la gente a acceder a la propiedad. Nos importa poco si son medidas más o menos liberales. Nos importa que ayuden al objetivo que tenemos.
Figaredo y Hernández Quero, en un momento de la entrevista.
— Hablan ustedes de restringir la compra de vivienda por parte de los extranjeros. ¿No puede ahuyentar la inversión?
— CHQ: El porcentaje de jóvenes españoles que compraba una vivienda en España en 2010 era el 25 %. Ahora es el 10 %. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años era dueño de una casa, y ahora es el 30 %. En el último año, el 21 % de las operaciones de compra-venta en España las han hecho extranjeros. Seis de cada diez operaciones de compra-venta el año pasado se hicieron a tocateja, el máximo histórico. Mientras tanto, hay españoles a los que no les conceden una hipoteca aunque tengan dos sueldos con contrato indefinido. Han llegado a España personas con una capacidad adquisitiva muy distinta que está impidiendo que bajen los precios. No hay incentivo para disminuirlos porque sabes que hay alguien que puede comprar.
— JMF: Además, esas personas que compran a tocateja cuentan en muchas ocasiones con ventajas fiscales que los españoles no tienen.
Hay 240.000 millones de gasto público que podrían reducirse; el 80-90 % podría eliminarse en los primeros meses de un nuevo Gobierno
— Sostienen ustedes que al sistema económico español hay que darle un giro de 180 grados.
— JMF: En primer lugar, hay que llevar a cabo una reducción radical del gasto público. En el documento que presentamos revelamos las partidas con las que se puede empezar. Identificamos 180.000 millones de euros que podrían empezar a recortarse. No todos se podrían eliminar, pero un 80-90 % de ese gasto podría reducirse en los primeros meses de un nuevo Gobierno. Además, tenemos una partida de 60.000 millones identificada por el Instituto de Estudios Económicos. En total, habría 240.000 millones de gasto que podrían empezar a atacarse de forma muy rápida sin tocar sanidad ni educación. Esta reducción del gasto serviría para aplicar una rebaja fiscal sin parangón: del IRPF, IVA, Sociedades, indirectos, especiales... Traería una renovación del sistema económico que permitiría aflorar muchísimo trabajo. En nuestra reforma del IRPF proponemos que los primeros 22.000 euros no tributen; que entre 22.000 y 70.000 euros lo hagan al 15 %, y de 70.000 en adelante lo hagan al 25 %. Por cada hijo que se tuviera, se rebajarían cuatro puntos porcentuales. Si cobras 50.000 euros al año y tienes un hijo, no pagas el 15 %, sino el 11 %. Es un apoyo que estimula a trabajar y a tener familia. Hay gente que tiene una renta de inserción de 800 euros y, si empezara a trabajar, tendría un sueldo de 1.100 euros, y perdería los 800. Es un desincentivo al trabajo. Creemos que tenemos que ir en una dirección totalmente contraria.
Con nuestro cambio en pensiones obtendríamos una riqueza muy superior en el momento de la jubilación
— ¿Cómo ven y cómo resolverían el problema de las pensiones?
— JMF: El sistema de pensiones no está en quiebra. Eso sería poner el sujeto de la operación en el propio sistema. Lo han quebrado los dos partidos que llevan cuarenta años gobernando en España. En el año 1995 constituyeron la Comisión del Pacto de Toledo aduciendo problemas que aún hoy amenazan en el sistema de pensiones. Decidieron no hacer nada. Nuestra propuesta es relativamente sencilla: pasar de un sistema de reparto como el actual a un sistema mixto en el que hay una parte de reparto y otra de capitalización. Con la capitalización el cotizante mete en una bolsa lo que va abonando, y al cabo de treinta y cinco años, a un tipo de interés razonable del 6,5 %, como el de la Bolsa europea o americana, nada descabellado, obtendríamos una riqueza muy superior en el momento de la jubilación. Esto exige un pensamiento a largo plazo que nunca ha tenido el bipartidismo que lleva gobernando cuarenta años. Es algo que ya se ha hecho en países como Chile, Suiza o, algo parecido, en Japón.
Figaredo y Hernández Quero en la redacción de El Debate
— No son ustedes de los que piensan que la inmigración ayudaría a resolver nuestro problema con las pensiones, debido a nuestra baja natalidad.
— JMF: Hay debates que llevan décadas sin abrirse en España, y el primero que se atreve a hacerlo es Vox. Ningún partido se habría atrevido a decir que la avalancha migratoria es un problema para España y los españoles. ese eslogan de que la inmigración va a pagar las pensiones lo han adoptado todos los partidos. Somos los únicos que nos atrevemos a discutirlo.
— CHQ: Nadie se atreve a abordar el impacto que tiene la inmigración masiva en el deterioro de las condiciones laborales o en las mayores dificultades de acceso a la vivienda.
El aumento de la población por la inmigración maquilla los datos macro, pero el crecimiento per cápita es otra cosa
— El Gobierno dice que la economía española va muy bien: creciendo por encima de la media de la Unión Europea. ¿Ustedes qué opinan?
— JMF: España ha aumentado considerablemente su población por la llegada de inmigrantes, lo cual hace que los números macro queden maquillados y que el Gobierno tenga una excusa muy buena. El consumo y el gasto suben porque hay muchísima más población. Si haces un análisis per cápita, esto es un desastre. Cuando el Gobierno dice que hay más personas empleadas que nunca, hombre, es que hay un 20 % más de población de la que había hace 15-20 años. Es normal que haya más personas empleadas, pero las horas cotizadas semanales son menos hoy que hace veinte años (32 vs 30). Y eso, con más trabajadores, quiere decir precariedad, pluriempleo, personas que trabajando no llegan a final de mes. Los españoles estamos emparedados en un sandwich en el que hay unas capas que lo tienen todo solucionado, otras que tienen un acceso muy sencillo a los subsidios y todas las capas intermedian que pagan. El grueso de los impuestos en España los asume una inmensa proporción de trabajos con remuneración insuficiente. El salario más frecuente hoy en día en España es 15.575 euros.
— CHQ: Cualquier país necesita unas capas medias para dar estabilidad a su sistema social y político. Necesitamos unas capas medias sólidas en su día a día, con capacidad para poder ahorrar, planificar, emprender, ser autosuficientes, no depender de subsidios. Esas capas medias fueron creciendo en el siglo XIX y XX, pero ahora vemos que una persona que nació hace veinte o treinta años en una vivienda en propiedad, sabe que su futuro pinta mucho más negro en ese sentido. Sus padres podían ahorrar y saber cuánto pagaban de hipoteca cada mes, pero ellos ahora se encuentran viviendo en casas compartidas, ven que cada año acaba el contrato de alquiler y tienen que irse a la otra punta de la ciudad o que tenemos récord de españoles fuera. La era de las certezas, que es en la que nació mi generación, la de los barrios, la natalidad, las clases medias, ha tocado a su fin, y eso ha sido por políticas negativas.
En energía hay que volver al sentido común y mantener las nucleares
— El 28 de abril tuvimos un apagón en España, algo insólito. ¿Qué política energética defienden?
— JMF: Nosotros proponemos un plan de energía muy sencillo: volver al sentido común. Queremos explotar todas las fuentes de energía que España tenga disponibles. España tiene hoy una Ley de Cambio Climático contra la que solo Vox votó en contra. Esa Ley prohíbe no solo la explotación de recursos naturales: también la exploración. España tiene minas de uranio. Podríamos tener toda la cadena de valor de la energía nuclear. La tenemos a nuestra disposición y no la explotamos por una prohibición directa del Gobierno. Es absurdo. Podríamos acceder al gas que tenemos en nuestro subsuelo, al petróleo... Sea poco o mucho, queremos poder aprovecharlo, porque habrá épocas de subida del precio internacional y podríamos evitar esas oscilaciones del precio y esa dependencia del mercado exterior en cierta medida. Y luego hay que mantener la vida de las centrales nucleares que tenemos en España.