El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López
Rebelión de jueces, policías, fiscales y altos funcionarios contra la reforma «política» de las oposiciones
Los altos funcionarios de la Administración se han mostrado en contra de la reforma «política» de las oposiciones que plantea el Gobierno, y que obligará a los funcionarios del Grupo A1 y Grupo A2 a cursar un posgrado para conseguir la plaza.
Ante esto, la plataforma de asociaciones de Cuerpos superiores de la Administración pública española, compuesta por las asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y asociaciones de jueces y fiscales, ha alertado, a través de un comunicado, que esto, como ya se está programando para los cuerpos de la carrera judicial y fiscal, «entraña un grave peligro por cuanto pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por procesos a la carta que pondrán en peligro del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia».
Desmienten al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y aseguran que «el consenso al que se refiere no es cierto», ya que no se ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema, «que ha sido siempre mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del funcionariado».
Tampoco se ha contado con los opositores que están preparando, «con un enorme esfuerzo personal y económico, una dura oposición y que verán truncadas sus aspiraciones con este sistema que nada tiene que ver con el actual», aseguran.
Si se aprueba la propuesta del Gobierno
Nuevo modelo para opositar: así cambiará la forma de acceder a altos puestos de la Administración
Con este nuevo modelo, los altos funcionarios denuncian que «la preparación no podrá garantizarse». Esto supone que el servicio público no se vaya a prestar «en las mismas condiciones que hasta este momento, por lo que los ciudadanos serán los primeros afectados».
Estas asociaciones, muestran una elevada preocupación ante la imposición de este nuevo sistema de selección, «bajo la falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública española».
