El CIADI rechaza la solicitud para anular un laudo de 100 millones a favor de una empresa japonesa
Nuevo varapalo del Banco Mundial a la estrategia de España con los recortes retroactivos a las renovables
El Ciadi rechaza la solicitud para anular un laudo de 100 millones a favor de una empresa japonesa
Nuevo revés para España en la tortuosa guerra que lidia con las empresas afectadas por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables tras la crisis económica.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha rechazado la solicitud presentada por el Reino de España para anular un laudo de 106 millones de dólares (algo más de 97 millones de euros) a favor de Eurus Energy Holdings, una empresa vinculada al grupo empresarial japonés Toyota.
La decisión, adoptada por unanimidad, concluye que España no acreditó suficientemente la solicitud de anulación del laudo. Según trasladan fuentes cercanas a El Debate, los argumentos de la Abogacía del Estado «giraban en torno a supuestas faltas de motivación, errores procesales graves y una desviación manifiesta del derecho aplicable».
El laudo fue emitido en 2021, y condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía con su decisión unilateral de eliminar las primas, que habían animado a decenas de empresas extranjeras a invertir en el por entonces incipiente sector renovable español.
Las primas aprobadas en 2007 por Zapatero y el ministro Miguel Sebastián garantizaban una rentabilidad del 7 %. Esto permitió alcanzar en apenas tres meses el 85 % del objetivo de instalación de renovables que había fijado para tres años. En total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, como recuerdan desde Fundeen.
Hasta la fecha, según los reclamantes, España ha perdido en al menos 25 procedimientos de litigio. La estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, primero con Teresa Ribera al frente de las competencias de Energía y ahora con Sara Aagesen, ha pilotado en torno a no pagar los laudos, avalada por la decisión de la Comisión Europea de que supondría una ayuda de Estado ilegal.
Esta estrategia, sin embargo, ha pinchado en hueso fuera del territorio de la UE, como en el Reino Unido, donde se llegó a embargar edificios y cuentas españolas por estos impagos. En EE.UU. y Australia también hay en marcha procedimientos que podrían tener un resultado similar.
«La gran mayoría de los intentos de anulación están terminando así, aunque en este caso se trata de uno de los laudos más abultados en litigio», explican a este periódico fuentes cercanas a los reclamantes.
España debe 1.492,7 millones de euros a un total de 26 empresas acreedoras, entre ellas Eurus Energy. A esta cantidad se suman 385,1 millones de euros adicionales por intereses de demora, costas procesales y otros gastos derivados de la estrategia de impago.
