El Congreso y el Senado urgen a la SEPI a «depurar responsabilidades» por la mala gestión de EFE y los bonus de la dirección

Duro toque de atención del Congreso a la Agencia EFE. Tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó importantes irregularidades en la agencia pública de noticias en el ejercicio de 2020, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acaba de instar al Gobierno y a la SEPI a que realice una auditoría de su gestión económica.

La cámara urge al holding público, propietario del 100 % de los títulos de Efe, a que «depure responsabilidades» por lo que considera «la inadecuada gestión de la empresa pública», «cuyo resultado ha sido el rescate de la misma con decenas de millones de euros del erario público».

La agencia pública, presidida hoy por el ex secretario de Estado de Comunicación de Sánchez, Miguel Ángel Oliver, y en 2020 por Gabriela Cañas, ingresó 91 millones en 2024. La mayor parte de ellos, 53,9 millones, por la inyección directa del Estado al ser un servicio de interés general (Sieg). A pesar de ello, arrastra varios años de pérdidas, 15,3 en 2024, y ha recibido inyecciones de la SEPI en forma de préstamos participativos por valor de hasta 58 millones de euros, según algunas fuentes.

Con estas cifras sobre la mesa, la Comisión Mixta pide también a la SEPI que esclarezca los motivos por los cuales la dirección de la empresa pública ha recibido primas salariales por productividad «sin que haya existido una evaluación de los resultados conseguidos».

Cobro irregular de dietas

La resolución de la Comisión se cimenta en un informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio fiscal de 2020 de EFE, que la presidenta del tribunal presentó el pasado mes de mayo. En él, se ponía el foco en varias irregularidades, entre ellas que los estatutos de EFE no son los adecuados para una empresa con un único accionista, «lo que ocasiona diversas disfunciones».

El informe también desveló que, pese a que según los estatutos de Efe los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, no acudieron a ninguna de las tres reuniones celebradas en 2020. Además, cuestionó que el secretario del Consejo cobrara 9.424,91 euros en dietas por asistir a las reuniones pese a no estar autorizado a hacerlo.

El Tribunal de Cuentas da un toque de atención sobre la política de contrataciones para cubrir puestos de alta dirección, instando a la dirección a «adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en los nombramientos».

Ese año la agencia mantenía a cuatro empleados con esta figura contractual, con dos altas y dos bajas. Sobre dichas contrataciones, el TCu denunció que «no consta que la Agencia EFE haya adoptado medidas para garantizar la publicidad y concurrencia» a las que está obligada por el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, en dichas contrataciones EFE incumplió la Ley al no esperar al informe previo de la Abogacía del Estado.

El informe alertó también de errores contables relacionados con la necesidad de incorporar el coste de producción de noticias de texto y fotografías en el importe archivado de las cuentas «Banco de datos» y «Archivo gráfico», aplicando los criterios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, lo cual también se extenderá al registro de la «Videoteca».

Fallas que la Comisión Mixta insta a resolver, junto con la obligación de contabilizar los costes de gestión y control de marcas registradas como inmovilizado intangible; dar de baja los elementos en desuso con valor neto contable de cero euros de la cuenta «Aplicaciones informáticas»; evitar que las correcciones de errores en gastos se registren como ingresos; y completar la memoria con toda la información exigible para asegurar la transparencia y precisión de sus estados financieros.