La nueva Política Agraria y el trabajo infantil

El presupuesto actual de la Unión Europea (UE) vence en 2027 y el pasado mes de julio la Comisión presentó su propuesta para el próximo periodo de siete años 2028-2034. Es lo que se conoce como Marco Financiero Plurianual (MFP). La propuesta presupuestaria va acompañada de un importante cambio en su forma de gestión, en definitiva, conlleva una nueva gobernanza que basculará sobre nuevos reglamentos. Entre ellos estará el Reglamento que establecerá las condiciones del apoyo comunitario a la Política Agrícola Común (PAC); una materia extraordinariamente importante para España.

La Comisión, en su propuesta, pone encima de la mesa que una gran parte del presupuesto del MFP se asigne a los países miembros a través de los 'Planes Nacionales' (National & Regional Partnership Plans). Esto supone preasignar 865.000 millones de euros a los Estados del total del MFP que asciende a 1,98 billones. De la cantidad a preasignar por país, para España corresponderían 88.100 millones de euros. La nueva gobernanza alcanza también a las medidas de la PAC. La ayuda principal a la renta pasaría a ser la denominada «ayuda degresiva por hectárea», que sustituiría a la actual ayuda básica a la renta y al pago redistributivo.

Con unas actividades, la agricultura y ganadería, en desbandada demográfica y el recuerdo cercano del papel clave que jugaron en el abastecimiento alimenticio durante la pandemia, la Comisión sabe que tiene que proteger al sector. Que ponga además dinero es otra cosa. Vayamos a los números.

Frente a los 387.000 millones de euros del MFP para la PAC que vencen en 2027, la actual propuesta de la Comisión establece que al menos 300.000 millones de euros deberán asignarse obligatoriamente al apoyo de la renta de los agricultores en el periodo 2028-2034. Para el total de la UE esta cantidad incluye todos los pagos por el cumplimiento por los agricultores de las obligaciones de carácter agroambiental de la PAC.

De la comparación de estas dos cantidades se derivan los titulares informativos de que la cantidad destinada a mantener la renta de los agricultores de la PAC sufriría un recorte de hasta el 22 %. La preposición «hasta» resulta clave pues los 300.000 millones son una cuantía mínima y blindada. La negociación entre países y Comisión dirá hasta dónde llega la reducción. Una reducción que siempre será lesiva para España.

El consumidor español está comiendo arroz que procede de Myanmar y otros países terceros donde ni siquiera se puede certificar que no haya niños menores de 14 años trabajando

Sin embargo, la nueva gobernanza de la PAC permite a los países miembros de la UE completar los fondos comunitarios con fondos propios. Esto otorgará a los gobiernos nacionales un mayor control sobre las medidas a financiar para este sector; a medida que la UE reduce su aportación y los estados la completan, la primera también cede parcelas de control en favor de los segundos. Naturalmente, igual que ocurre con la financiación de las comunidades autónomas si acaba primando a Cataluña como ya lo hace a Navarra y las provincias vascas, en la UE se reforzarán las asimetrías en la protección de la renta de los agricultores.

Así las cosas, los agricultores españoles ven con extraordinaria preocupación lo que se avecina; una perspectiva de reducción de las ayudas al mantenimiento de sus rentas en un contexto de subida de los costes de producción.

A la preocupación anterior hay que sumar otra más que se arrastra y agudiza. Los productores agrícolas de la UE trabajan en un sector hiper regulado que, a menudo, compite internacionalmente con productores de terceros países donde el sector está regulado. El prefijo «hiper» marca la diferencia.

Juan Luis Celigueta, uno de los españoles que mejor conocen el sector del cereal, señalaba recientemente dos ejemplos. El primero era el de la soja, afirmando que el 100 % de la que España importa es transgénica. El segundo ejemplo era el del arroz. En este caso afirmaba que el consumidor español está comiendo arroz que procede de Myanmar y otros países terceros donde ni siquiera se puede certificar que no haya niños menores de 14 años trabajando. No se puede certificar porque no hay mecanismos de verificación homologados y transparentes.

Efectivamente, cada vez hay menos productores agrícolas en España y más empresas de servicios que se ocupan de cultivar las tierras de las que no se pueden ocupar sus propietarios. Pero cada vez se acentúa más la contradicción de unos consumidores que piden estándares medioambientales muy altos para lo que consumen pero no están dispuestos a pagar lo que cuestan estos productos. Al final se impone la estrechez del presupuesto familiar. Fingimos alarmarnos por el trabajo infantil pero cuando pagamos, preferimos no hacernos preguntas incómodas por las condiciones en las que se produjeron los productos que compramos.

José Manuel Cansino, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino.