El Ministerio de Puente niega información clave a los ciudadanos a través del Portal de Transparencia

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente no tiene siquiera rastreado el origen de muchas de sus concesiones caducadas del autobús de larga distancia, operadas por Alsa en su mayor parte, a pesar de que muchas de ellas, entre ellas algunas de las más rentables, como el Madrid-Irún, son meras prórrogas de líneas que se venían prestando desde antes incluso de que hubiese democracia en España. Además, se niega a revelar a la ciudadanía cuántos y qué servicios ha autorizado dejar de operar durante los últimos años por petición de las empresas en el marco de servicios públicos.

Transportes mantiene una opacidad rígida sobre la situación del sistema concesional de autobuses de larga distancia en España. Es una costumbre relativamente reciente del Ministerio, que se ha blindado de la obligación de ofrecer información a los ciudadanos, hasta el punto de que concentra el 25 % de todas las negativas registradas en el Portal de Transparencia en el primer semestre de 2025. La llegada de Puente a Transportes supuso, de hecho, incrementar las denegaciones en un 82 %.

Las negativas de Transportes al Portal de Transparencia han aumentado un 82 % desde que llegó Puente

Sin embargo, incluso cuando concede el acceso, en ocasiones lo hace de forma limitada. Es el caso de una petición a la que ha tenido acceso El Debate, en la que se requería información al organismo sobre los contratos de autobús de larga distancia en España (VAC): de las últimas licitaciones públicas efectuadas y adjudicadas en cada una de ellas o sus predecesoras antes de cualquier fusión o cambio de denominación; de todas las VAC que siguen operando sin haber sido resueltas en una licitación, fruto de prórrogas de cualquier tipo, y de las solicitudes de concesionarios solicitando al Ministerio que les permita dejar de prestar servicios a la ciudadanía a los que venían siendo obligados por la concesión.

En su respuesta el Ministerio, supuestamente, concedió el acceso a los tres primeros puntos, pero se limitó a publicar un enlace en el que aparece un simple listado de todas las concesiones. No aparece ninguno de los detalles solicitados. Podría aparecer como una de las solicitudes de Transparencia autorizadas, aunque no respondía a nada de lo que se había pedido.

En el último apartado, el de concesionarios que piden dejar de prestar servicios al ciudadano, el Ministerio llega a aducir que «la decisión de solicitar dejar de prestar un servicio está dentro de la estrategia empresarial de la empresa operadora, por lo que su divulgación podría suponer un perjuicio para la competitividad de la misma en su ámbito de mercado». El problema es que esta solicitud de dejar de prestar servicios y atender a los ciudadanos no se produce en el marco de la libertad de mercado, sino de una concesión administrativa supuestamente reglada y en la que no parece tener sentido apelar al secreto empresarial.

El Ministerio asegura tener los contratos, pero no responde a lo solicitado

Tras una reclamación al Consejo de Transparencia, el Ministerio de Transportes volvió a responder afirmando que el enlace tenía «la información disponible de los contratos vigentes», pese a que no incluía ni una sola de las respuestas solicitadas.

Pero, lo que es más interesante, el Ministerio reconocía que, pese a que muchas de las concesiones de autobús no han sido licitadas jamás en democracia y suponen simples prórrogas de las concesiones predemocráticas, reunir la información solicitada supondría «una labor de recopilación de información, toda vez que no se encuentra disponible en esta dirección general, de análisis de la misma y de elaboración de documentos».

Efectivamente, la normativa de Transparencia considera razonable inadmitir las solicitudes de acceso que exijan reelaboración, pero lo que dice el Ministerio de Transportes en su respuesta no sólo es que le supondría trabajo: es que la dirección general encargada no cuenta con información elemental sobre los contratos sobre los que se basan muchas de las concesiones actuales.

«Nuevas viejas» concesiones

Transportes está en pleno proceso de sacar adelante un nuevo mapa concesional, a pesar de la oposición de muchas comunidades autónomas que le han presionado públicamente para que no deje de prestar ninguna línea, tengan estas o no usuarios. El propio Óscar Puente ha dejado claro que, si las comunidades autónomas no están dispuestas a hacerlo, serán ellos quienes se encarguen de que todo siga como hasta ahora.

El problema es que el nuevo mapa, del que ya se han desmarcado operadores como Avanza, surgió después de intensos análisis por parte de la ingeniería Ineco en los que quedaba claro que el sistema actual mantiene un «diseño obsoleto», «ineficiente», «no planificado y heterogéneo», que «no responde al reparto competencial» y que sufre de «inestabilidad jurídica».

El Ministerio reconocía entonces con claridad que la mayoría de las concesiones estaban caducadas o anuladas, que buena parte de los contratos vigentes no eran rentables (al menos antes de que empezasen a meter en el sistema dinero público por la gratuidad y el bono joven), que un 75 % tenían ocupaciones por debajo de la media y que una tercera parte de los servicios tenía menos de 200 viajeros al año, lo que supone menos de un pasajero al día.

Pero mientras el ministro resuelve su nuevo mapa, el que sigue vigente se mantiene opaco, basado en concesiones cuyo origen se mantiene difuso a propósito y beneficiando únicamente a un operador.