Pasarela al RETA  Semana clave en el Congreso para el futuro de la jubilación de los mutualistas autónomos

Este miércoles 24 de septiembre se espera que termine el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley para habilitar la pasarela de los mutualistas al Régimen de Autónomos (RETA). Esta normativa lleva en tramitación parlamentaria desde el pasado 6 de mayo, y ha generado distintas posiciones entre las asociaciones mutuales y los colectivos de mutualistas que se declaran afectados.

Estos últimos son profesionales liberales (abogados, arquitectos, médicos…) que, tras décadas de trabajo y habiendo optado por afiliarse a la mutualidad de su colegio profesional pensando que recibirían una protección social similar a la que ofrece el RETA de la Seguridad Social, consideran que esa decisión los ha situado en desventaja. A día de hoy, algunos advierten del riesgo de que sus futuras pensiones resulten insuficientes.

El acuerdo entre ambos bandos llegaría en cinco cuestiones clave: mantener o no un sistema alternativo, cómo garantizar igualdad de derechos, cómo diseñar una pasarela viable al RETA, cuándo trasladar los fondos y cómo ajustar cuotas a ingresos reales. Las mutualidades defienden la estabilidad y continuidad del modelo que, desde el siglo XX y hasta ahora, se presentó como una alternativa flexible. Mientras que en el RETA las prestaciones se rigen por criterios de solidaridad y tienen garantizadas pensiones mínimas, en las mutualidades todo depende de lo aportado y de la rentabilidad de las inversiones.

Las mutualidades de previsión social nacieron como un instrumento impulsado por los colegios profesionales para dar cobertura a sus colegiados. Funcionan como entidades privadas sin ánimo de lucro que recogen aportaciones de los profesionales y las transforman en prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento. Durante décadas fueron la única vía de protección social para muchos, ya que no todos podían incorporarse al régimen de autónomos de la Seguridad Social. En 1995, con la reforma del sistema, se consolidó su papel como alternativa al RETA: los nuevos colegiados podían elegir entre afiliarse a la mutualidad de su profesión o cotizar directamente a la Seguridad Social. Desde entonces, estas instituciones han convivido con el sistema público, ofreciendo flexibilidad y autonomía. No obstante, esta doble vía ha generado asimetrías considerables que pretender solucionarse esta semana.

El planteamiento de la proposición de ley descansa en tres pilares fundamentales: primero, poner fin a la alternatividad en 2027, de modo que los profesionales que se colegien a partir de esa fecha solo podrán cotizar en el RETA; segundo, exigir a las mutualidades que garanticen unas prestaciones mínimas equivalentes al 80 % de la pensión mínima contributiva, o al menos al nivel de la pensión no contributiva, para acercar su cobertura a la del sistema público; y tercero, habilitar una «pasarela» para que quienes ya están en mutualidades puedan trasladar de manera voluntaria sus derechos acumulados a la Seguridad Social, convirtiéndolos en años cotizados.

Alternativa histórica

El fondo y la forma no es solo sensible técnicamente, sino también desde el punto de vista político y social. Es por ello que el proceso legislativo ha abierto un intenso intercambio de propuestas. Si bien el PSOE ha marcado unas directrices claras, las mutualidades solicitan ajustar la reforma a la realidad de su funcionamiento. Su objetivo declarado es doble: preservar la estabilidad financiera de unas entidades con décadas de historia y asegurar que los colegiados dispongan de una cobertura equiparable a la del sistema público.

En concreto, la Confederación Española de Mutualidades trabaja por reforzar el equilibrio del sistema y mejorar la protección de los colegiados. Defienden que los fondos de quienes decidan trasladarse al RETA permanezcan en la mutualidad hasta que llegue la jubilación, el fallecimiento o la incapacidad, evitando descapitalizar de golpe a entidades que gestionan con solvencia los ahorros de sus miembros. También proponen que el sistema alternativo para nuevos colegiados no se suprima en 2027 –tal y como propone la iniciativa–, la misma que, durante décadas, ha demostrado ser una opción válida y eficiente frente a la Seguridad Social.

Insisten, además, en la necesidad de reconocer a los mutualistas la igualdad de derechos respecto a los autónomos del RETA en todas aquellas prestaciones financiadas con impuestos, como el complemento a mínimos. Asimismo, piden que Hacienda y las comunidades autónomas compartan la información fiscal necesaria para calcular cuotas ajustadas a los ingresos reales de cada profesional. Y, finalmente, apuestan por una pasarela voluntaria y ordenada hacia el RETA, con reglas claras de conversión de derechos que den seguridad a quienes opten por incorporarse al sistema público sin perjudicar a los que prefieran permanecer en sus mutualidades.

El Congreso tiene ahora la responsabilidad de alcanzar un consenso que respete la trayectoria de las mutualidades y, al mismo tiempo, ofrezca seguridad a los profesionales de hoy y de mañana. Su desenlace marcará si este modelo de previsión social e histórico sigue siendo una opción sólida dentro del sistema o si se encamina hacia su desaparición.