Trump recupera las golden visa para atraer millonarios que España ha decidido eliminar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el lanzamiento de la Gold Card, que permitirá obtener la residencia legal en el país a cambio de un millón de dólares de forma individual o de dos millones si el patrocinio lo realiza una empresa. Esta decisión llega justo después de que varios países europeos –entre ellos España– hayan decidido poner fin a los visados de inversión.

Con la ostentación que le caracteriza, Trump presentó la orden ejecutiva en el Despacho Oval con una pancarta dorada en forma de tarjeta de crédito gigante y su fotografía en el centro. «Creo que va a ser tremendamente exitoso», señaló el mandatario estadounidense a los periodistas presentes.

La medida, no obstante, llega bastante descafeinada. En febrero, la Casa Blanca promovió un programa de visas por cinco millones de dólares con el objetivo de ayudar a reducir la deuda pública, que lleva años disparada y ya se sitúa en los 36 billones de dólares. Sin embargo, el escaso éxito de la medida obligó al Gobierno estadounidense a rebajar el coste un 80 %, hasta el millón de dólares.

Además de esta aportación, la orden incluye una lista de espera para la versión Trump Platinum de cinco millones de dólares con ventajas adicionales. Ambas tarjetas convivirán con el programa EB-5, en vigor desde los años noventa, que permite obtener residencia a través de inversiones en proyectos de infraestructura o empresas estadounidenses por entre 800.000 y un millón de dólares, siempre que se creen al menos diez empleos a tiempo completo.

Los expertos se han mostrado escépticos ante esta medida. «Rara vez he visto a alguien gastar más del 10 % de su patrimonio neto en un programa de inmigración, y generalmente es más bien del 5 %», señaló a Forbes Nuri Katz, fundador de Apex Capital Partners. Así, una persona necesitaría tener un patrimonio de 100 millones de dólares para permitirse una inversión de cinco millones. Teniendo en cuenta que hay menos de 30.000 centimillonarios en el mundo –según un informe de Henley & Partners– y que aproximadamente un tercio son extranjeros, deja un mercado potencial muy bajo de acuerdo con las previsiones de la Casa Blanca.

Además, este programa ha despertado interrogantes sobre su viabilidad legal. Expertos en inmigración recuerdan que el Congreso debería aprobar cambios en la legislación para que estas tarjetas puedan implementarse de forma plena, ya que el poder ejecutivo carece de competencias para crear nuevas categorías de visado.

Endurecimiento de la H-1B

La orden ejecutiva se completa con un cambio significativo en la visa H-1B, muy utilizada por las grandes tecnológicas para contratar a ingenieros y programadores extranjeros, en su mayoría procedentes de India. El coste de la solicitud pasa de 1.000 a 100.000 dólares para los nuevos solicitantes, aunque finalmente la Casa Blanca matizó que se tratará de un pago único y no de una tasa anual, como se había anunciado inicialmente.

Silicon Valley ha advertido que restringir el acceso a trabajadores cualificados puede poner en riesgo proyectos clave en un sector con fuerte escasez de talento local. Elon Musk, antiguo aliado de Trump, se ha mostrado crítico con la medida, subrayando la dependencia de Estados Unidos de profesionales indios altamente cualificados.

Europa, en la dirección contraria

En contraste con el anuncio de Trump, varios gobiernos europeos están dando marcha atrás en políticas similares. En los últimos años, países como España, Malta, Chipre, Irlanda, Portugal, Bulgaria y Reino Unido han puesto fin a sus visados de inversión tras detectar abusos, problemas de seguridad o efectos nocivos sobre los precios de la vivienda.

España eliminó en abril las golden visa, permisos de residencia se concedían desde 2013 a extranjeros que adquirieran una vivienda de al menos 500.000 euros o realizaran determinadas inversiones.

El Ejecutivo justificó su derogación en la necesidad de proteger el acceso a la vivienda. «Este tipo de inversiones tensionan el mercado e incrementan el precio de la vivienda», declaró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al anunciar la medida. La decisión se alineó con la postura de la Comisión Europea, que desde 2022 reclama el cierre de estos programas en los Estados miembros por su impacto en el mercado inmobiliario y los riesgos de blanqueo de capitales.