Hacienda contradice al TSJM y obliga a tributar la vivienda habitual de los acogidos a la ‘ley Beckham’

En plena polémica por el reparto de menores inmigrantes entre comunidades, Hacienda acaba de dar un paso más que afecta a otro colectivo extranjero muy distintos: los trabajadores cualificados acogidos a la conocida como ley Beckham. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha resuelto que estos contribuyentes deberán tributar por su vivienda habitual, en contra de sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Creado en 2005 para atraer talento internacional, este régimen fiscal especial permite tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) durante seis años, con un tipo ventajoso y, originalmente, solo sobre las rentas generadas en España. La reforma de 2023, a través de la ley de startups, amplió los perfiles beneficiados –incluyendo teletrabajadores y emprendedores– y consolidó que todos los rendimientos del trabajo tributen como si fueran de fuente española, independientemente de su origen.

El conflicto surge porque la ley nunca aclaró si debía aplicarse la exención de la vivienda habitual prevista para los residentes bajo el IRPF. La Agencia Tributaria sostiene que no, y ha exigido el pago en múltiples casos, lo que llevó a decenas de impatriados a los tribunales. En mayo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que, efectivamente, estos trabajadores son residentes fiscales en España y, por tanto, deben recibir el mismo trato que los contribuyentes que tributan bajo el IRPF general.

Sin embargo, apenas un año después, el TEAC –adscrito al Ministerio de Hacienda– ha dictado un criterio opuesto, estableciendo que acogerse a este régimen implica aceptar todas las reglas del IRNR, incluida la imputación de rentas por la vivienda habitual.

«Esta postura adolece de una interpretación excesivamente literal del artículo 93 del IRPF, que establece un régimen especial para residentes, no convierte a los impatriados en no residentes de pleno derecho», explica Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners, despacho experto en real estate y fiscalidad internacional. «Negar la exención resulta incoherente y crea una desigualdad innecesaria», añade.

Desde Amsterdam & Partners van más allá y calificación la decisión de otro ejemplo «de las prácticas depredadores y discriminatorias» de Hacienda contra los impatriados. «España ha demostrado una vez más que la seguridad jurídica no existe para los residentes extranjeros al obligar a pagar impuestos sobre sus propias viviendas», señala Robert Amsterdam, fundador de este bufete.

En el primer semestre de 2025, Hacienda ha recaudado 2.675 millones del IRNR, un 37 % más que el año anterior

Y es que Hacienda ha encontrado en el régimen de impatriados un nuevo filón. Según datos de la propia Agencia, en 2024 recaudó 4.035 millones de euros procedentes del IRNR, un 25,4 % más que en 2023. Solo en el primer semestre de este año, estos ingresos ascienden a los 2.675 millones, un 36,9 % más que en el mismo periodo del año anterior. Fuentes del sector advierten, además, que el fin de las golden visa va a llevar a muchos extranjeros a acogerse al régimen de impatriados, con el consiguiente incremento de la recaudación.

Inseguridad jurídica

Lo cierto es que el fallo del TEAC pone de manifiesto la inseguridad jurídica que sufre nuestro sistema. En primer lugar, contradice la jurisprudencia anterior, limitando la protección de los contribuyentes frente a cambios de interpretación de Hacienda. Además, discrimina a estos extranjeros frente a los españoles, que están exentos de tributación en caso de vivienda habitual.

Europa, de hecho, abrió el pasado mes de junio un expediente a nuestro país por trato fiscal discriminatorio de no residentes. En su documento, Bruselas advertía de que las normas de tributación de vivienda habitual afectaban a la libre circulación de trabajadores y capitales, y daba dos meses para responder y subsanar las deficiencias. Sin embargo, nuestro país no ha movido ficha por el momento, por lo que es previsible que el organismo europeo eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«España debe decidir si quiere seguir siendo una jurisdicción creíble para el talento y la inversión, o continuar por el camino de la inestabilidad legal y la agresión fiscal. Hacemos un llamamiento al Gobierno para que revoque esta medida, respete la jurisprudencia y ponga fin al acoso a los residentes acogidos a la ley beckham», apunta Amsterdam.