Las malas artes de Hacienda que están hundiendo la seguridad jurídica en España

La presión que la Agencia Tributaria ejerce sobre miles de contribuyentes está erosionando la seguridad jurídica en España. Cada año se presentan más de 200.000 reclamaciones contra Hacienda, una cifra que ha crecido un 20 % entre 2021 y 2023. Cansados de interpretaciones cambiantes y sanciones que consideran arbitrarias, muchos ciudadanos y empresas se ven forzados a recurrir a los tribunales para litigar contra la Administración.

Lo preocupante es que alrededor del 40 % de los casos dan la razón al contribuyente, lo que denota graves fallos estructurales en la aplicación de la normativa tributaria y alimenta un clima de desconfianza generalizada. Además, afecta tanto al pequeño ahorrador como al gran inversor y daña la imagen exterior del país, como destaca el Índice de Seguridad Jurídica 2025 del Instituto Juan de Mariana, en el que España obtiene solo 6,5 puntos sobre 10 y cae al puesto 20 de los 27 países de la UE.

El informe advierte que este retroceso coincide con los años de gobierno de Pedro Sánchez, durante los cuales se han registrado algunas de las peores puntuaciones institucionales. A ello se suman síntomas de debilitamiento del Estado de derecho, como el uso sistemático del decreto-ley, la politización de organismos reguladores y una percepción creciente de impunidad. «La politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado aún más recelos», recoge el informe, que también denuncia «el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de gobierno».

Este deterioro institucional ha afectado de lleno al ámbito fiscal. El documento alerta de que España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, «cayendo diez puestos en un solo año y situándose en la posición 46 a nivel global», lo que refleja, según el informe, «una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual gobierno». Esto tiene graves consecuencias económicos ya que, si España igualara los estándares institucionales de Dinamarca, su productividad crecería un 19 % más en cinco años, lo que se traduciría en hasta 6.000 euros adicionales de renta per cápita.

La conflictividad fiscal ha alcanzado incluso a figuras internacionales de alto perfil, amplificando el debate público. Procesos mediáticos contra Shakira, Cristiano Ronaldo, Messi o Ana Duato han proyectado la imagen de una Administración dispuesta a recurrir a la vía penal incluso cuando existen dudas jurídicas razonables. Muchos de ellos aceptan acuerdos para evitar el desgaste reputacional y personal, más que por una cuestión de culpabilidad.

El caso de Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, es la excepción que confirma la regla. Rechazó cualquier pacto, defendió su inocencia hasta el final y acabó ganando en los tribunales, que reconocieron la legalidad de la estructura utilizada para gestionar sus derechos de imagen. Este episodio ilustra los riesgos de emplear la presión penal para resolver discrepancias tributarias cuando lo que hay es una discusión técnica, no un fraude deliberado.

La mayoría de los contribuyentes, sin embargo, no cuenta con los recursos ni la resistencia para enfrentarse a un litigio prolongado. Por eso aceptan acuerdos anticipados, incluso si consideran que la interpretación de la Agencia es errónea. Según los expertos del informe, esto configura un sistema donde el miedo sustituye al derecho y la seguridad jurídica se vuelve un concepto casi ilusorio.

El problema se agrava con los incentivos internos de la Agencia Tributaria. Una parte sustancial de la retribución variable de los inspectores depende de la recaudación obtenida, especialmente mediante las llamadas actas con acuerdo. Este sistema premia la eficacia recaudatoria, pero no garantiza ni la equidad ni la calidad técnica. Así, se priorizan los perfiles más vulnerables –trabajadores desplazados, empresarios familiares, artistas– con el objetivo de cerrar expedientes rápido. Una lógica que los expertos definen como «pescar donde hay peces y se dejan pescar».

La Ley Beckham

Un ejemplo paradigmático es la controversia sobre el régimen especial para trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham. Diseñado para atraer talento internacional con una fiscalidad previsible, ha acabado convertido en foco de litigiosidad. Durante años, la Agencia emitió certificados que avalaban la inclusión de estos profesionales en el régimen especial. Ahora, en un giro retroactivo, cuestiona esa validez e inicia inspecciones a centenares de contribuyentes.

El despacho internacional Amsterdam & Partners ha documentado más de 300 casos afectados, muchos de ellos agrupados en una macrocausa que ha tenido una importante repercusión internacional. La Agencia pretende aplicar el régimen general del IRPF con carácter retroactivo, sumando intereses y sanciones que disparan la deuda inicial. Todo ello pese a que fue la propia Administración quien certificó en su día el cumplimiento de los requisitos.

El contribuyente obtiene la aprobación y, años más tarde, la Administración da marcha atrás

El patrón es claro: primero, el contribuyente obtiene la aprobación y, años más tarde, la Administración da marcha atrás. A menudo, esto ocurre cuando el afectado ya ha regresado a su país o cambiado de residencia. Con liquidaciones millonarias y la amenaza de consecuencias penales, muchos no tienen otra opción que cerrar el expediente por acuerdo.

Fuentes del sector afirman que la persecución a este perfil de solicitantes de la Ley Beckham se producía incluso antes de que la retribución variable llegara al salario de los inspectores: «En España siempre ha habido una persecución de las rentas altas, al contrario de otros países del entorno europeo donde se pactan mediante acuerdos con la Administración tributaria las cantidades a recaudar y siempre de conformidad con la ley local y europea», señalan

Presiones a familiares y amigos

A ello se suman prácticas aún más intrusivas. Algunos afectados denuncian que las inspecciones se extienden a familiares y personas del entorno, con requerimientos dirigidos a colegios de hijos o cuentas bancarias de terceros no implicados. También se critica el uso cada vez más frecuente del concepto de «simulación» para anular estructuras legales sin pruebas concluyentes, invirtiendo de facto la carga de la prueba.

Ángel Sánchez, socio de Golden Partners, despacho de abogados experto en cuestiones de fiscalidad internacional, explica que cada vez son más los clientes extranjeros con ánimo de establecerse en nuestro país que les preguntan por la constitución de una Sociedad Limitada (SL) en España o una LTD en el extranjero «con el objetivo de optimizar la carga fiscal de forma legal». El letrado comenta que mediante estas herramientas legales, «en lugar de tributar como persona física por todos los ingresos, se canalizan a través de la empresa, lo que permite aplicar un impuesto de sociedades generalmente más bajo (25 % en España) y deducir gastos relacionados con la actividad profesional (vehículos, viajes, material, servicios, etc.)».

Además, «se puede combinar el cobro de un salario con dividendos, optimizando así el reparto de beneficios según las circunstancias fiscales de cada año». Esta estrategia es especialmente útil para profesionales autónomos, creativos, consultores o nómadas digitales que tienen ingresos variables o altos, y buscan mayor control sobre su fiscalidad dentro del marco legal.

El informe del Instituto Juan de Mariana concluye que este marco de incertidumbre fiscal, retroactividad e incentivos perversos daña gravemente la seguridad jurídica, frena la llegada de talento internacional y debilita la confianza en el Estado de Derecho. La inestabilidad normativa no distingue entre patrimonios grandes o modestos: todos pierden. Y con ellos, también pierde España.