La Justicia abre la puerta a que los extranjeros que alquilan pisos en España reclamen a Hacienda devoluciones millonarias

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia clave que veta la discriminación que sufren por parte de Hacienda los extranjeros no comunitarios que tienen en alquiler inmuebles en España. Así lo establece una sentencia del pasado 28 de julio de la Audiencia Nacional, en la que se establece que estos contribuyentes tienen derecho a deducirse gastos en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) por el arrendamiento, al igual que ocurre con los residentes de la Unión Europea (UE).

El fallo surge de un recurso contencioso-administrativo que fue presentado por una ciudadana residente en Estados Unidos por los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de un inmueble de su propiedad en Barcelona. Y establece que esto es contrario al Derecho de la UE y al artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que establece la libre circulación de capitales.

La sentencia permite pedir la rectificación de las autoliquidaciones del IRNR de 2016, 2017, 2018, en adelante, y deducirse gastos asociados a los inmuebles, y aunque previsiblemente sea recurrida al Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado, es probable que sea refrendada por él. «El impacto sería monumental. Ya no hablaríamos de unas cuantas miles de reclamaciones, sino de cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo con propiedades en España. Hacienda tendría que devolver sumas multimillonarias y asumir un golpe muy serio en su recaudación», aseguran desde Golden Partners, despacho experto en real estate y fiscalidad internacional.

El impacto puede ser de cientos de millones de euros en devoluciones. Pero hay algo más delicado que la pérdida recaudatoria: la imagen de España como destino inversor. «Eliminar la Golden Visa o el jaque a los contribuyentes por la Ley Beckham ya generó desconfianza en los mercados emergentes, así como en los potenciales altos directivos que se plantean venir a nuestro país a trabajar y a tributar. Este fallo judicial, en cambio, ofrece una señal positiva y devuelve algo de seguridad jurídica a los inversores», apuntan desde este despacho.

Golpe al Gobierno

El Gobierno está intentando poner fin a la crisis de vivienda que asola a nuestro país. Para ello, a comienzos de año presentó una batería de medidas, entre las que se encuentra limitar la compra de vivienda a los extranjeros extracomunitarios no residentes en España, incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100 % del valor del inmueble.

La sentencia de la Audiencia Nacional abre la puerta a que la justicia se pronuncie sobre otras medidas que quiere implementar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Nos encontramos en momentos en los que la política fiscal gubernamental trata de recortar derechos, provocando la desconfianza y por ende desinversión, rente a los tribunales que los restituyen y salvaguardan», celebran desde el despacho experto en real estate.

«El país debe decidir si quiere seguir siendo una puerta de entrada para la inversión global o si prefiere enviar mensajes hostiles a quienes aportan capital y trabajo», sentencian.

Dos asuntos clave pendientes

La sentencia de la Audiencia Nacional no hace referencia a otras dos discriminaciones que sufren los residentes extracomunitarios. Por un lado, no se les permite aplicar en el IRNR el tipo de gravamen del 19 % que se permite a los comunitarios –el suyo es de un 24 %–.

Por otro lado, tienen que fallar sobre la no aplicación de la reducción del 50 % por arrendamiento de vivienda, un beneficio que solo se contempla en el IRPF.