Contadores de gas
El cambio que afectará a ocho millones de contadores de gas en los próximos años
El coste por alquiler subirá más de cinco euros al año, pero se verá compensado por el ahorro energético
Los contadores analógicos de gas tienen los días contados. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tiene como objetivo aprobar un plan de implantación de contadores inteligentes en la red de gas natural. En total, ocho millones de contadores tendrán que ser sustituidos antes de 2033, proporcionando un ahorro económico que ronda los 800 millones de euros –600 millones se corresponden con el ahorro de gas y más de 200 millones por las emisiones emitidas–.
Esta medida afectará a todos los hogares que cuenten con un consumo superior a los 50.000 kilovatios hora (kWh). A falta de que el Gobierno fije el marco normativo, una vez que ha concluido el plazo de alegaciones a la orden ministerial que regula todo el proceso, el borrador de la cartera dirigida por Sara Aagesen marca un calendario exigente. En 2028 tendrán que estar renovados al menos un 20 % de los contadores; en 2030 un 50 % y en 2032 un 80 %. Las empresas distribuidoras solo podrán mantener un máximo del 2 % de su parque sin sustituir.
Más del 90 % del parque de contadores está en régimen de alquiler, con un precio regulado para todo el territorio nacional que tiene en cuenta los costes de adquisición, instalación y operación de los equipos. Instalar los nuevos contadores inteligentes implicará un aumento del alquiler de estos de 0,46 euros al mes, pasando así de los 58 céntimos que se pagaba hasta ahora, según refleja un informe de la CNMC, a 1,04 euros. En total, esto supone un incremento de 5,52 euros al año.
La implantación de contadores inteligentes no solo va a suponer cambios económicos, también supone una evolución en el sistema energético. Desde la Asociación Española del Gas (Sedigas) celebran esta iniciativa y consideran que es «un paso decisivo hacia la digitalización del sistema gasista, con beneficios directos para los consumidores en términos de control de consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio», en palabras de su presidente, Joan Batalla.
Y es que, tal y como explican, estos dispositivos hacen posible realizar lecturas remotas frecuentes y exactas, evitando estimaciones, reduciendo pérdidas energéticas y optimizando la gestión de la red.
Además, ofrecen al consumidor información detallada y en tiempo real sobre su consumo diario. Esto facilita un uso más eficiente de la energía, fomenta el ahorro económico y refuerza la capacidad del usuario para tomar decisiones informadas. «Los contadores inteligentes también incrementan la transparencia en la facturación, disminuyen las reclamaciones, mejoran la detección del fraude y elevan la seguridad mediante funciones como el corte remoto del suministro en situaciones de emergencia», aseguran desde la asociación.
Alegaciones de las empresas
Sedigas, pese a ver con buenos ojos esta iniciativa, ha presentado sus aportaciones durante el proceso de audiencia e información pública del Proyecto de Orden Ministerial convocado por el Miteco que finalizó el 8 de septiembre.
Por un lado, calculan que la implantación masiva de contadores inteligentes supone unos costes de sustitución cercanos a los 200 millones de euros para las empresas distribuidoras que actualmente no están reconocidos en el mercado normativo. Por ello, la asociación considera imprescindible que la Orden contemple un mecanismo específico para su recuperación, que considere entre otras las tareas de retirada del contador analógico existente y la instalación del nuevo «garantizando un despliegue sostenible para el sector y transparente para los consumidores».
Por otro lado, ven necesario establecer un precio de alquiler para todo el parque de contadores digitales, más allá del de los hogares españoles. Esto supone que se aplique también en grandes consumos.
Por último, proponen introducir un calendario más flexible para que entre en vigor esta normativa. Para ello piden revisiones periódicas y la posibilidad de adaptar los plazos en función de la disponibilidad de equipos, la evolución tecnológica y las características de cada territorio.